El Acuerdo de Escazú sobre medioambiente vive horas críticas en el Congreso de Costa Rica, ante la posibilidad de terminar archivado si este miércoles no se aprueba una prórroga para que se lo debata posteriormente.
La paradoja es que este país centroamericano fue, junto con Chile, el promotor de este convenio latinoamericano. Y además posee fama mundial de defender el medioambiente y los derechos humanos.
«No entiendo por qué Costa Rica no ha ratificado el Tratado de Escazú. Se considera a Costa Rica un líder en materia de medioambiente y derechos humanos, por lo que este fracaso es atípico», dijo el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medioambiente, David R. Boyd.
«Escazú es un tratado importante y debe ser ratificado por Costa Rica inmediatamente», agregó Boyd en Twitter.
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La negociación del convenio culminó en marzo de 2018 por parte de 24 países en Escazú, un distrito de San José. Fue suscrito en Nueva York en septiembre de 2018 en el marco de la Asamblea General de la ONU
El acuerdo garantiza el acceso a la información en materia ambiental. Además, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afectan al medioambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Los seis diputados del izquierdista Frente Amplio promovieron una votación que tendrá lugar este miércoles, no para ratificarlo, sino para no dejarlo morir. Una prórroga para que no se lo archive al cumplirse el plazo de cuatro años de trámite en la Asamblea Legislativa.
«Hay una obligación de votar la moción», señaló a la AFP el diputado frenteamplista Jonathan Acuña.
El Acuerdo de Escazú ya se ratificó por 14 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
«Incertidumbre»
Son necesarios 29 de los 57 votos de la cámara para mantener vivo el proceso legislativo por otros cuatro años. «Tenemos incertidumbre en este momento», admitió Acuña sobre el resultado de la votación.
El diputado izquierdista destacó que «sería una buena noticia para Costa Rica» si el Congreso es capaz de «mantener vivo» el acuerdo. Ello, para que sea debatido y eventualmente aprobado.
En caso contrario, será «una terrible señal» para el mundo que un país «que históricamente ha estado a la vanguardia en protección ambiental, le dé la espalda a un acuerdo que básicamente tiene la defensa de derechos básicos […] en asuntos de participación ambiental», indicó Acuña.
El Frente Amplio posee solo seis votos, y tres partidos contrarios al acuerdo, que suman 26 escaños, adelantaron que votarán en contra de la prórroga.
«Ya existe legislación»
El argumento más repetido por los diputados contrarios al acuerdo es que Costa Rica ya dispone de una legislación en materia medioambiental que abarca los temas del convenio latinoamericano.
Los nueve miembros de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) acordaron «de manera unánime» rechazar la extensión, adelantó en Twitter la diputada Melina Ajoy.
«En Costa Rica ya existe legislación robusta para proteger el medioambiente y la mayoría de elementos que contempla este acuerdo», señaló.
Los 10 diputados del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PSD) también votarán en contra.
«El Acuerdo de Escazú y sus demonios están muertos. Aunque lloren, griten o pataleen, será rechazado», dijo el diputado del PSD David Segura en Twitter.
También están en contra del acuerdo los siete diputados del Partido Nueva República.
La clave está en los 19 votos del Partido Liberación Nacional (PLN), una formación tradicional de Costa Rica, y los seis del Partido Liberal Progresista.
Desinterés de Chaves
El propio presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, expresó su desinterés por el acuerdo apenas asumió el poder el pasado mayo. Los empresarios también se oponen a su ratificación.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno […], no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces.
Según Chaves, de ratificarse se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica después de la pandemia de COVID-19.
