Víctor Hugo Zamora ya tiene hora y fecha para sentarse en el banquillo de acusados, aunque no se conoce su paradero. El 28 de febrero comenzará el juicio oral por la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo, a fines de 2019, en el gobierno transitorio.
El anuncio es del representante de la Confederación Nacional, Energética y Petroquímica de Bolivia, Ludwin Sánchez. La factoría se encuentra en el trópico de Cochabamba y la investigación estima un daño económico de $us 243 millones.
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“Son seis acusados, el inicio de juicio oral será en la localidad de Ivirgarzama el martes 28 de febrero a las 09.00 de la mañana. Esta planta estaba siendo improvisada en su operación, mantenimiento y administración. Se han caído varios contratos internacionales de la venta de urea, hay varios temas que vamos a explicar en el juicio”, anunció Sánchez, según ABI.
La acusación fue presentada en marzo de 2022, en el caso bautizado como “YPFB-Bulo Bulo”. Implica a seis personas: el exministro de Hidrocarburos Zamora, que está declarado rebelde ante la Justicia; el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, también rebelde.
Las otras cuatro son Jorge R. B., exvicepresidente nacional de Operaciones de YPFB; Oscar A. B., exgerente de Industrialización; Carlos S. V., exdirector de la Planta de Amoniaco y Urea; e Ivert F. O., excoordinador de la factoría enclavada en el departamento cochabambino.
Paralización
Los delitos son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Fiscalía adelantó que hay 73 pruebas documentales y otras testificales.
El gobierno transitorio de Jeanine Áñez comenzó el 12 de noviembre de 2019, dos días después del derrocamiento del presidente Evo Morales, quien renunció agobiado por denuncias de fraude electoral, protestas de entidades cívicas, un motín policial y la presión de los militares.
“Nosotros vamos a solventar la acusación de manera técnica, creemos que aquí se ha vulnerado y se ha querido atentar contra toda una generación de futuros profesionales porque al privatizarlo iban a relegar a muchos jóvenes profesionales”, complementó Sánchez.
Eso no es todo, el representante remarcó que se vulneraron todos los protocolos para la paralización de operaciones de la planta, provocando un daño a las máquinas. Y afirmó que otro punto pendiente es que el mandato de Áñez despidió injustificadamente a 200 trabajadores.
