El jueves se conoció de un nuevo proceso ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez. Es por la supuesta venta irregular de jet fuel, con su daño económico al Estado calculado en Bs 53,9 millones. Su hija, Carolina Ribera, tildó al caso como una “patraña” y una “venganza política”.
“Una nueva patraña para seguir asfixiando jurídicamente a mi madre @JeanineAnez. Así la narcodictadura le arme 100 procesos, sabemos que su único objetivo es la venganza política, no soportan que una mujer haya dado la cara por su país ante la cobardía de su fraudulento gobernante” (sic), publicó este viernes en su cuenta de redes sociales.
La acusación señala que 13.772.980 litros de Jet Fuel A- I fueron comercializados a menos de la mitad de su costo en el mercado internacional, en 2020, durante el mandato de Áñez.
Proceso ordinario
De acuerdo con la denuncia interpuesta en la Fiscalía, Áñez y su gabinete avalaron el Decreto Supremo 4272 para vender el carburante subvencionado. Es decir, lo que a precio internacional costaba a Bs 6,65 se vendió a Bs 2,77.
En ese marco, se abrió una investigación por los delitos de resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Esa situación “conllevó una mala administración de un recurso estatal tal como es el Jet Fuel A-I. Que fue comercializado a un precio menor al establecido en el Decreto Supremo N° 28932 de 20/11/2006”, señala parte de la denuncia interpuesta el jueves.
Ese decreto, puesto en vigor durante la administración de Evo Morales, solo permitía el precio subvencionado para vuelos nacionales.
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El abogado de Áñez, Luis Guillén, afirmó que esta acción forma parte de la “persecución política” que se activó en contra de la expresidenta y su gabinete, pues se trata de un nuevo proceso que es promovido por la vía ordinaria.
La denuncia fue presentada el jueves por el Viceministerio de Transparencia.
Añez fue detenida en marzo de 2021 por el caso denominado Golpe de Estado I. A ese proceso ordinario se suma el caso Golpe de Estado II, en el cual ya se dictó una sentencia en primera instancia de 10 años.
A esos procesos, se suma el caso de una supuesta designación irregular en la estatal EBA, además de las masacres de Sacaba y Senkata, que también son impulsados por la vía ordinaria.
