DIBUJO LIBRE
En Bolivia no existen presos políticos, hay políticos presos por la comisión de delitos comunes en 2019. No es ninguna novedad la situación del sistema judicial boliviano, un sistema permeado por la corrupción, el clasismo y el racismo desde tiempos de los “doctorcitos de Charcas” (jurisconsultos de la Real Audiencia de Charcas firmantes del Acta de la Independencia en 1825), cuyos valores coloniales han perdurado en el tiempo hasta nuestros días.
Poco más de tres años después de la ruptura del orden constitucional en noviembre de 2019, hay pocos detenidos, encarcelados y en proceso de investigación, siendo los más importantes Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho.
Mientras el dinero corre por los tribunales de justicia como moneda de cambio oficial de litigantes y querellantes, las familias de las víctimas de Sacaba y Senkata siguen peregrinando por justicia y el esclarecimiento de los hechos. La versión oficial del régimen de terror de Áñez y Arturo Murillo menciona en sus tesis irrisorias que “querían hacer volar la planta de gas” (en Senkata), “se dispararon entre ellos” (en Sacaba). Los medios masivos de desinformación, aliados de ese régimen, tampoco tuvieron la delicadeza de rectificarse a pesar del informe final del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), que brinda luces esclarecedoras sobre ambas masacres y que por supuesto nada tienen que ver con las mentiras vertidas por el régimen que asaltó el poder en 2019.
Hoy, el poder mediático afín a los actores e intereses de quienes rompieron el orden constitucional en 2019, ha posicionado el discurso de “presos políticos”. En cualquier parte del mundo, autoproclamarse Presidenta cuando la línea de sucesión constitucional es clara y taxativa, no interpretativa, en nuestra Constitución, sin lugar a dudas es un delito común. Tomar el Palacio de Gobierno con un chaleco antibalas, como lo hizo Luis Fernando Camacho, en Estados Unidos (asalto del Capitolio en 2021), Brasil (asalto de los edificios del Gobierno en 2023) o en cualquier parte del mundo, es un delito común a ser castigado; no un hecho cuyos actores serían “presos políticos”, sino, al contrario, delincuentes comunes.
Confesar que tu propio padre “cerró con policías y militares para que no salgan”, como hizo de voz propia Camacho, es sin lugar a dudas la más descarada apología de un delito. Asaltar instituciones públicas, secuestrar a familiares de servidores públicos para forzar su renuncia, también es un delito común pasible a tratamiento penal ordinario.
Son estos autores hoy encarcelados y los que aún falta por aprehender, investigar y encarcelar, los que hoy, temiendo las consecuencias de sus acciones en 2019 construyeron y moldearon a su conveniencia la narrativa de “presos políticos”, magnificada por los canales de sus aliados, los medios de desinformación, que actúan como un verdadero partido político de oposición.
En Bolivia no existe mayor oposición al gobierno del MAS que los medios hegemónicos de comunicación escritos, radiales y televisivos, y, por otro lado, la Iglesia Católica. Ambos poderes fácticos, molestos por su pérdida de privilegios en la pirámide pigmentrocrática, clasista y racista que construyeron durante el periodo republicano y que se afectó desde 2005 con la primera elección ganada por el MAS y los ulteriores cambios estructurales en la sociedad boliviana.
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El Estado Plurinacional, con sus nuevos paradigmas civilizatorios, tiene una difícil tarea en el campo superestructural de construcción de sentidos, narrativas, realidades reconocidas y transmitidas. Su poder de irradiación comunicacional es insignificante. La narrativa, muy bien articulada y gestionada, de “presos políticos en Bolivia” seguirá creciendo, posicionándose y reforzándose con el ánimo de generar un sentimiento negativo aglutinante, como en 2019 fue el eslogan “mega fraude”. Aquel discurso, muy bien trabajado comunicacionalmente y gestionando por etapas hasta calentar las calles, se está repitiendo con intentos más modestos desde 2020, 2021, 2022, y este año 2023 no será la excepción.
La excusa para la convulsión sigue en construcción, pero se viene ensayando desde diferentes aristas, los actores y operadores de ese plan se van reconfigurando y a la vez fortaleciéndose ante la inacción del Gobierno. Mientras los cívicos cruceños proponen referéndum revocatorio al presidente Luis Arce Catacora, los estrategas gubernamentales, venidos a meros burócratas, no supieron responder con, por ejemplo, plantear también un revocatorio para el alcalde Iván Arias, exministro de Jeanine Áñez. O iniciar un proceso revocatorio al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, articulador de los militares del servicio pasivo contra el Gobierno.
(*)Gabriel Villalba P. es abogado, analista político
