Luego del allanamiento al domicilio del obispo emérito Carlos S., en Santa Cruz, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y la Diócesis de San Ignacio de Velasco se pronunciaron en apoyo al religioso. La primera pidió una investigación en apego a la verdad; y la segunda aseguró que no se aprecia “lo que significa la actividad y vida de la Iglesia”.
“Como Iglesia Católica, pedimos que toda investigación por parte de la Fiscalía se lleve a cabo en el marco del debido respeto de las leyes y procesos judiciales, y bajo criterios éticos de verdad y transparencia”, señala el comunicado de la CEB.
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La Diócesis de San Ignacio de Velasco fue aún más enfática. También en un comunicado se expresó sobre el caso; afirmó que hay “ignorancia y prejuicio” en el fiscal que lleva la investigación, que avanza por sospechas de legitimación de ganancias ilícitas.
“La presunción de que ‘su movimiento económico no cuadra con las actividades que desempeña como religioso’ solo prueba la ignorancia y el prejuicio del fiscal, que no sabe apreciar lo que significa la actividad y la vida de la Iglesia, y hace ver que desaparece en Bolivia la presunción de inocencia”, añade el pronunciamiento de la Diócesis.
OBISPO
Carlos S. es investigado de oficio por la Fiscalía, que el viernes acudió, a ejecutar un allanamiento avalado judicialmente en el domicilio del religioso; ubicado en el municipio cruceño de San Ignacio de Velasco. Uno de los aspectos que llama la atención de las autoridades es la cantidad de inmuebles y vehículos que tiene el obispo emérito.
“Esta persona cuenta con patrimonio valuado en 14 a 15 inmuebles aproximadamente. También tiene distintos flujos económicos bancarios que no van acordes a su perfil socioeconómico. En ese sentido es que se ha iniciado un proceso; una investigación de oficio y se ha dado cumplimiento a una orden de allanamiento a objeto de poder recabar mayores elementos”, subrayó el fiscal Gustavo Ríos.
Además, el religioso contaría con más de 10 vehículos. Ríos confirmó el secuestro de documentación y dinero en el allanamiento. Tanto la CEB como la Diócesis creen en la inocencia del obispo emérito.
CONFERENCIA EPISCOPAL
“En ningún momento dudamos que su proceder en todo lo que respecta a los actos administrativos en la Diócesis han sido llevados siempre en total trasparencia y honestidad”, señala el comunicado de la CEB.
En tanto que la Diócesis indica que “a través de varias inversiones, incluyendo oficinas alquiladas a la Fiscalía de Santa Cruz, Mons. Carlos financia sus actividades que incluyen el mantenimiento de una red de torres de transmisión de medios de comunicación católica, apoya la construcción de capillas, ha donado una ambulancia al municipio de San José de Chiquitos, y otras obras solidarias” (sic).
Esta institución católica exige no solo retirar la denuncia, sino disculpas al religioso, además de la devolución de sus bienes.
“Mons. Carlos lleva una vida personal austera y a sus 83 años, con 57 de sacerdote, 45 de misionero, 36 de obispo, está por entregar sus últimos respiros a favor de este pueblo. Semejante trato abusivo es una verdadera y gratuita violencia en contra de su vida” (sic).
