El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, aclaró que no sugirió al Ministerio Público la convocatoria a declarar al Nuncio Apostólico porque, en su criterio, cuenta con un fuero o beneficio diplomático.
“No lo hemos citado, hemos tenido el cuidado con el Nuncio Apostólico porque es el embajador del Vaticano en Bolivia; ni a los miembros que están considerados en esa línea”, explicó a Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
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Conferencia
Chávez añadió que “no se puede decir los mismo de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB)”, debido a que está compuesta por obispos locales; por tanto, para ellos no aplica el Artículo 195 del Código de Procedimiento Penal”.
Según la Convención de Viena de 1961, a la que está adscrita Bolivia, el fuero o beneficio diplomático alcanza solo al jefe de misión (en este caso, el Nuncio Apostólico), designado por el Papa, como su embajador.
Reuniones
Entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, durante la crisis política y social en el país, integrantes de la CEB convocaron a distintos actores políticos a reuniones en la sede de la Universidad Católica, en la zona sur de La Paz.
De acuerdo con la memoria de la CEB, esas reuniones tenían por objetivo la pacificación del país ante la “ruptura constitucional” ocasionada, en su criterio, por la renuncia del presidente Evo Morales.
Asistieron por la CEB los monseñores Aurelio Pesoa, Eugenio Scarpellini (+) y Giovani Arana, además del padre José Fuentes y Juan Carlos Núnez.
Chávez aclaró nuevamente que esos miembros de la Iglesia Católica deberían ser convocados en calidad de testigos porque, en su criterio, deben contar lo que se dijo en esas reuniones.
“Queremos saber la verdad, conocer el testimonio directo y no de personas que no han estado”, dijo.
Versión
Según relatos de la exsenadora Adriana Salvatierra, la exdiputada Susana Rivero y la exministra teresa Morales, que asistieron a la reunión desde el 11 de noviembre, hubo reuniones previas de las que no participaron.
Del lunes 11 de noviembre, Morales dijo que incluso vio tazas vacías en la mesa del Rectorado de la UCB, donde se reunieron las partes.
Ello hace suponer, según el Procurador, que los miembros de la Iglesia Católica ya se habían reunido con actores políticos de oposición para establecer el “golpe de Estado”.
“Necesitamos que digan (los cuatro convocados) qué han dicho antes de la llegada de Adriana Salvatierra y Susana Rivero. Si es que ese día han previsto la famosa pacificación del país o las decenas de muertos que iban a haber.
Aseguró que el pueblo boliviano quiere saber qué es lo que se habló en esas reuniones.
