Un tribunal de Nicaragua declaró «traidores a la patria» e inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos a 94 opositores exiliados, entre ellos el escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez.
Además de Ramírez, vicepresidente del gobierno sandinista de la década de 1980 que encabezaba el actual mandatario Daniel Ortega, entre los sancionados figura el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano, la escritora Gioconda Belli y la activista de derechos humanos Vilma Núñez.
El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó ante medios oficialistas la resolución que declaró la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a las 94 personas consideradas «prófugas de la justicia».
«Los acusados ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando a la desestabilización del país, promoviendo bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras, todo en perjuicio de la paz y el bienestar de la población», indicó el magistrado.
«Por estos hechos, a los acusados no se les puede considerar ciudadanos nicaragüenses», añadió.
En la lista de sancionados hay políticos de distintos partidos y formaciones opositoras, exfuncionarios gubernamentales, exguerrilleros sandinistas, activistas de organismos no gubernamentales y periodistas opositores.
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«Ténganse a los acusados como traidores a la patria, por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua» y cargos de elección pública a perpetuidad, indicó el juez.
El magistrado indicó que «por ser traidores a la patria, a los 94 acusados se les impuso las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente».
«Se ordenó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, la inmovilización y decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades a favor del Estado de Nicaragua; pero además, se les declaró prófugos de la justicia», detalló.
El gobierno de Nicaragua liberó y expulsó la semana pasada a un grupo de 222 presos a quienes también se les despojó de su nacionalidad y sus derechos políticos, en momentos en que el presidente Ortega enfrenta presiones debido al creciente autoritarismo de su gobierno.
El escritor Sergio Ramírez, que se exilió en España, se separó en 1995 del partido Frente Sandinista para formar un movimiento disidente con intelectuales y personalidades políticas del sandinismo.
Las autoridades de Nicaragua detuvieron a centenares de opositores en el contexto de la represión que siguió a una crisis política y social con protestas callejeras que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.
