La indefinición sobre la cabeza de la Gobernación expresa pugnas y divisiones en la élite cruceña, además de debilitar aún más la gestión pública departamental. Pese a que el estatuto autonómico vigente establece la posibilidad de ausencia temporal del gobernador electo, el oficialismo (Creemos) rechaza que el vicegobernador, también electo, asuma la suplencia gubernamental.
La decisión judicial, en el ámbito del caso Golpe de Estado I, de otorgar detención preventiva al ciudadano Luis Fernando Camacho, en principio por cuatro meses (hasta fines de abril), generó una situación crítica en la Gobernación. Por diferentes razones, incluso logísticas, parece difícil gobernar y administrar desde Chonchocoro, a casi mil kilómetros de distancia de Santa Cruz. Por ello, en lugar de continuar simulando una “normalidad” inexistente, corresponde viabilizar una solución temporal.
Claro que no se trata solo de una cuestión administrativa. La disputa en torno a quién asume provisionalmente las funciones de gobernador expresa rivalidades políticas entre grupos en Santa Cruz y también entre el gobierno central y la entidad territorial autónoma. No es menor el dato de que, hasta la fecha, no se haya producido una reunión entre Camacho y el vicegobernador Mario Aguilera. Quienes debieran gestionar el encuentro se ocuparon de ponerle murallas. Las lealtades y las defecciones cuentan.
Pero hay también un componente legal que puede ser difícil: una acción de cumplimiento, postergada hasta la próxima semana, sería definitoria en este asunto. La situación del vicegobernador Aguilera es complicada. Como señaló él mismo, tiene pocas opciones: asumir la suplencia temporal, renunciar o, si desobedece una decisión judicial, ir preso. Ya señaló que no abandonará su mandato (o lo hará solo si también renuncia Camacho). Y podemos asumir que preferirá la función gubernamental a una celda.
Es importante considerar, asimismo, la situación de Camacho. La previsible reacción inicial ante su detención, con movilizaciones y ultimátums, fue cediendo paso a una suerte de tregua no declarada. No es que el Gobernador haya caído en el olvido o sea prescindible. Pero ni la élite ni la institucionalidad cruceña parecen dispuestas por ahora a la reiteración de acciones radicales (como un nuevo paro departamental) para exigir la liberación del Gobernador. La derrota del paro por el Censo pasó factura.
Cuenta también como señal la elección de Fernando Larach al frente del Comité pro Santa Cruz. Aunque formalmente asume la agenda en curso, incluida la “revisión de la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano” (sic), su perfil es más concertador y menos maximalista que sus predecesores Camacho y Rómulo Calvo. Más allá de la situación de la Gobernación, pues, pareciera abrirse una buena ventana de oportunidad para lograr acuerdos mínimos con el nivel central del Estado. Ojalá el gobierno de Luis Arce esté a la altura del desafío.
