DIBUJO LIBRE
En una anterior columna publicada en este periódico (8 de enero de 2023) me referí al tema de la lucha contra la corrupción, a la luz de un diagnostico efectuado, en torno al estado de situación de la lucha contra la corrupción; en esta oportunidad hablaremos del tema, pero a partir de los ejes gestión pública digitalizada y transparente. Es decir, a partir de una política estatal que busca materializar las directrices vigentes en la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción. Ambas convenciones presentan como ejes estratégicos: la adopción de medidas preventivas, la penalización de hechos de corrupción, el fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional, la efectiva recuperación de activos, la asistencia técnica entre Estados parte y el intercambio de información.
Es importante subrayar que el fenómeno de la corrupción no se limita a las esferas del Estado, es un problema transversal que abarca diferentes sectores del campo multiorganizacional, es por eso que todos los esfuerzos que se puedan realizar en la lucha y prevención resultan limitados en sus resultados si no se trabaja en generar compromiso de todos los actores de la sociedad. En este sentido, un primer esfuerzo y logro de la política aprobada mediante Decreto Supremo 0214, fue incorporar a la sociedad civil organizada en el control de la gestión pública a partir del mecanismo de control social.
Para avanzar en este esfuerzo es imperativo incluir en el proceso de prevención a los miembros de la sociedad en formación, y a los actores que se mantienen al margen del problema, generar compromiso de todos los ciudadanos en diferentes ámbitos. Los estudiantes deben fortalecer su formación en valores para enfrentar una sociedad en la que se ha normalizado el problema de la corrupción y cambiar sus paradigmas para convertirse en actores con responsabilidad; por su parte, las empresas privadas, al ser co-actoras de los procesos de contratación del Estado, deben generar mecanismos de prevención y denuncia oportuna para evitar posibles hechos de corrupción; finalmente, las organizaciones sociales deben intervenir de forma más activa en el control de los procesos que les benefician a través de un mecanismo de fiscalización objetivo.
Es importante mencionar que la carencia de datos objetivos de seguimiento y gestión de los procesos genera incertidumbre sobre el estado y etapa de las acciones iniciadas en el ámbito penal, por lo que la generación de información optimizará el logro de resultados y la recuperación de activos. En la información de seguimiento de los procesos se debe incorporar las medidas de salida de oportunidad a través de las figuras de justicia restaurativa y cooperación eficaz.
Las acciones que permitirán alcanzar resultados concretos son el desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos para identificar áreas vulnerables a la corrupción en las instituciones; la mejora de la gestión de denuncias sobre posibles hechos de corrupción a través del desarrollo de un Sistema de Gestión de Denuncias de Corrupción en Línea; la implementación de instrumentos para la prevención y lucha contra la corrupción dirigido al sector privado y al sistema educativo; el desarrollo de un sistema de verificación de oficio de las Declaraciones de Bienes y Rentas Interoperable; un sistema de seguimiento y gestión de procesos penales; y, el desarrollo de un Sistema Parametrizado de Rendición Pública de Cuentas, así como la publicación de datos de seguimiento en redes institucionales.
A partir de la necesidad de sistematizar la información generada, tanto en el resultado de las medidas aplicadas, como en su efectividad, se presentan algunos de los principales desafíos de mediano plazo que la política plurinacional contra la corrupción se plantea como horizonte:
1. Un sistema interoperable que permita a cada institución pública identificar áreas vulnerables a riesgos de corrupción, implementar políticas de prevención, medidas correctivas o mecanismos de control según la naturaleza del riesgo.
2. A partir de un rediseño en el SITPRECO se pretende modificar el Procedimiento de Gestión de denuncias; éste debe alcanzar a las Unidades de Transparencia de las entidades del sector público, para que permita uniformar el flujo y procedimiento de la gestión de investigación de dichas denuncias en la vía administrativa, generar reportes estadísticos y monitorear los resultados de las investigaciones.
3. El reconocimiento a la participación de la sociedad civil organizada permite plantear desafíos que incluyan a estos actores en dos líneas de acción: la primera, referida a la organización de un observatorio en transparencia y lucha contra la corrupción, que a partir de la información parametrizada y sistematizada establezca mecanismos de evaluación continua y de percepción ciudadana, respecto del cumplimiento de las políticas, planes y programas en la materia, así como su incidencia y efecto en la sociedad; la segunda línea de acción se debe trabajar con los Jóvenes por la Transparencia, como grupo organizado y proactivo de la sociedad civil y de las organizaciones sociales ya constituidas, para encarar procesos de capacitación específicos en materia de contrataciones públicas, y constituir grupos de control y evaluación de proyectos y programas que sean de beneficio directo, tales como la mejora en la infraestructura de educación, el desayuno escolar y otros.
Por todo esto, estamos convencidos de que la armónica convivencia que permite al ciudadano vivir bien no es posible cuando la corrupción en la gestión pública le resta recursos efectivos para mejorar su calidad de vida, lo que incide negativamente en la redistribución del ingreso. De esta forma, el objetivo de la presente política es fortalecer la lucha efectiva y decidida contra la corrupción en todos los niveles del Estado.
(*)Julia Susana Ríos es Viceministra de Transparencia
