El ministro de Asuntos Exteriores de Honduras, Eduardo Reina, ha dicho que si bien respetan las últimas políticas de Estados Unidos en materia de migración, seguirán buscando un «equilibrio» porque se trata de «un proceso de colaboración» que va más allá de «medidas de endurecimiento».
Durante su visita oficial a España del lado de la presidenta, Xioamara Castro, Reina ha valorado en una entrevista para Europa Press que Washington «está en su derecho de tomar las medidas que consideren oportunas», pero que Honduras seguirá trabajando para lograr un «equilibrio» en toda esta cuestión.
«Entendemos las preocupaciones que tiene la Administración Biden, pero también creo que deben entender el trauma humano (…) Los temas migratorios son parte de un proceso de colaboración que no obedece solamente a medidas de endurecimiento, sino que también tienen que buscarse otras alternativas», ha defendido.
Reina ha confirmado el visto bueno de la Casa Blanca para que Castro pueda visitar en las próximas fechas la frontera sur de Estados Unidos y conocer la situación de miles de migrantes, una gran parte de ellos menores de edad, en los centros de retención en los que se encuentran a la espera de resolver su situación.
«Hemos mantenido una relación muy cercana con el Gobierno de Estados Unidos. Estamos buscando trabajar siempre de manera conjunta, sobre todo para que se respete la dignidad de los migrantes, sus derechos y en casos puntuales, lograr beneficios que ya se han dado a hondureños en el pasado», ha dicho.
De acuerdo con varias organizaciones de Derechos Humanos, una media diaria de 3.000 hondureños salen del país rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, según cifras de Honduras, en lo que va de 2023, más de 4.700 de estas personas han sido deportadas, entre ellos cerca de 1.200 menores.
En lo que respecta a los más pequeños –se estima que unos 2.700 están sin la presencia de sus padres en estos centros– Reina ha recalcado que el objetivo del Gobierno es poner en marcha un plan para identificarles y poder facilitar en el reencuentro con sus progenitores o el resto de sus familiares.
Uno de los motivos que explican está migración masiva es la crisis de seguridad que arrastra desde hace décadas, no solo Honduras, sino también parte de Centroamérica. En ese sentido, Reina ha defendido la última prórroga del estado de excepción decretada por el Gobierno para combatir al crimen organizado.
«Es un estado de excepción muy ‘sui generis’ porque no limita a la población, no va dirigido a limitar la circulación, sino precisamente a perseguir a los criminales», ha señalado, distanciándose así de otras medidas de estas similares que se aplican en países como El Salvador.
«Somos muy conscientes de que también es peligroso mantener estos estados de excepción de manera muy prolongada, pero estamos vigilando muy de cerca a la Policía. A pesar de ser un estado de excepción, hay respeto a los Derechos Humanos. Buscaremos hasta dónde llegar en este fino equilibrio», ha dicho.
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«UN PAÍS QUE HACÍA AGUAS POR TODAS PARTES»
«No es fácil haber encontrado un gobierno que surgía en los últimos doce años tras un golpe de Estado en el 2009», ha contado Reina, haciendo mención al derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya.
«Uno de los grandes retos era ver cómo poner orden nuevamente un Estado que se vio fraccionado, sus leyes y su capacidad institucional debilitadas, con muchos problemas de corrupción», ha apuntado.
Reina ha explicado que «el país hacía aguas por todas partes», por lo que Castro tuvo que priorizar y redirigir muchos de los recursos del Estado en sectores que habían sido olvidados, como un sistema de salud «colapsado», o el educativo, con «más de 12.000 escuelas destruidas».
«Teníamos que reordenar también una deuda enorme que se había incrementado en los últimos doce años en más de 20.000 millones de dólares. Para un país pequeño como Honduras, esto es muy alto (…) El gran problema es con entes financieros privados, generalmente nacionales, que tienen altos intereses», ha contado.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Otra de las apuestas del nuevo Gobierno ha sido la lucha contra la corrupción, un problema endémico para Honduras como demuestra el hecho de que el expresidente Juan Orlando Hernández se encuentre en una prisión de Estados Unidos a la espera de ser juzgado por narcotráfico.
«Nosotros como fuerza política siempre denunciamos este tipo de casos. Hemos denunciado que hubo un fraude electoral en 2013 y en 2017. Muchos no nos creyeron. Ahora, la Fiscalía de Estados Unidos dice que Juan Orlando Hernández utilizó fondos del narcotráfico para crear un fraude que le permitiera llegar al poder», ha dicho.
«Era un secreto a voces y lo que nos preocupa es que desgraciadamente se le permitió hacer y deshacer, endeudar al país a niveles enormes. Creo que con un interés de que él cumpliera ciertos objetivos políticos (…) habían intereses para que se mantuviera en el poder», ha denunciado.
Por todo ello, ha defendido que era necesaria la reciente renovación de la Corte Suprema de Justicia, pues la corrupción era tal que ni se abrió investigación alguna por estos hechos. «La influencia, la politización de lo judicial y el control que tenía Hernández sobre esta institución eran enormes», ha dicho.
Para luchar contra la corrupción, Honduras selló en diciembre de 2022 un acuerdo con Naciones Unidas que esperan se haga efectivo en los siguientes meses. «Nos tienen que enviar en las próximas semanas lo necesario para que empiecen a trabajar y empecemos a discutir las temáticas», ha explicado.
«Hemos solicitado a Naciones Unidas una comisión independiente, autónoma, imparcial, que trabaje bajo altos criterios y pueda investigar y actuar contra las grandes redes de corrupción en el país, que no solo ha tenido a funcionarios públicos, sino también del sector privado o de la sociedad civil», ha recalcado.
VECINOS LATINOAMERICANOS
Para Reina el cambio de paradigma que se vive en la región tras la llegada de varios gobiernos de izquierda representa una «etapa interesante» y de «gran oportunidad» para el continente. «No solo en toda América Latina y el Caribe, sino también en el campo centroamericano», ha recalcado.
«Confiamos en que esto ayude en temas de integración, que podamos trabajar de manera conjunta. Para la presidenta Castro es muy importante la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y generar espacios de mayor participación, construcción y recuperar aquellos que estaban abandonados», ha celebrado.
Esta buena sintonía parece haber encontrado una nota discordante en la actual crisis política que sacude Perú. Reina lamenta la decisión de la presidenta, Dina Boluarte, de retirar al embajador hondureño en Lima, y reprocha que nunca se anunciara de manera oficial, sino por redes sociales.
«Para nosotros la posición sigue siendo la misma. Lo que ha ocurrido en Perú es una crisis que llevó a un golpe de Estado para derrocar a un presidente electo democráticamente», ha subrayado.
«Consideramos que se debe liberar de inmediato al presidente Pedro Castillo porque además se le tendrá en prisión por 18 meses, sin un juicio efectivo, sin una sentencia», ha ahondado Reina, quien apela al diálogo y a elecciones anticipadas para resolver la crisis.
Por otro lado, y a diferencia de otros de sus socios como Argentina, Chile o Colombia, por el momento Honduras no tiene previsto ofrecer la nacionalidad de manera excepcional a los opositores nicaragüenses ya apátridas que han sido expulsados del país.
«Nicaragua es un vecino con el que tenemos que trabajar en infinidad de temas de manera conjunta. Mantenemos ese respeto a no intervenir en sus asuntos. Nuestras leyes prevén que cualquier ciudadano centroamericano pueda adoptar la nacionalidad hondureña cumpliendo los trámites. Si hubiera interés, no tenemos ninguna objeción», ha zanjado.
