Coincidiendo con la postergación del inicio de un proceso en su contra por discriminación y “ultraje a la wiphala”, y a días de entregar el poder del Comité pro Santa Cruz al presidente electo días atrás, el dirigente cívico Rómulo Calvo exigió al Presidente del Estado un decreto de “amnistía” para “180 perseguidos políticos”. Hay evidente desconexión con la realidad.
Para nadie es desconocido que en los hechos el comité cívico cruceño está a la vanguardia de las fuerzas opositoras del país, secundado exitosamente por un puñado de medios de comunicación que amplifican los discursos de sus dirigentes y otros aliados, sin ofrecer perspectiva, antecedentes ni, muchos menos, contraparte. El resultado es un discurso que crece como bola de nieve, pero que no logra transformar el equilibrio de fuerzas en la realidad.
Así, el todavía presidente cívico, que el sábado 25 debe entregar el mando a su sucesor electo sin competencia, le recordó al presidente Luis Arce que tiene 72 horas de plazo para dictar el decreto supremo de amnistía irrestricta para “presos políticos”, pues de lo contrario se iniciará un proceso revocatorio en su contra. La exigencia es parte de las “decisiones” adoptadas en el cabildo del 25 de enero por simple aclamación de los presentes y sin deliberación alguna.
El propósito, dijo el cívico, es “construir una real y verdadera paz social para poder concentrarnos todos los bolivianos en fortalecer la maltrecha economía y las deficientes políticas macroeconómicas” que el Gobierno estaría ejecutando. De no promulgarse el decreto, comenzaría el trámite para un revocatorio de mandato presidencial, cuyos procedimientos todavía son desconocidos para los cívicos.
Lo que podría parecer una bravata más de la dirigencia cívica, al parecer más acostumbrada a los ecos que producen las cajas de resonancia ofrecidas por los medios de comunicación que a las voces del diálogo o la negociación, tiene el perverso efecto de construir una realidad alternativa ante los ojos de quienes siguen y apoyan al comité cívico.
Eso explica, por una parte, la creciente intolerancia a las voces disidentes, sin importar si son más o menos atendibles, que son etiquetadas como “masistas”, palabra convertida en el peor de los adjetivos posibles entre diversos sectores de la sociedad cruceña. Por otra parte, también explica la persistente incredulidad en los resultados de la elección de 2020: si “todos” apoyan al comiteísmo, ¿cómo podría ser posible que más de la mitad de los electores hubiesen votado por el candidato del MAS?
Idéntica reflexión puede aplicar para el estado de cosas en la Gobernación cruceña, donde ni las leyes nacionales ni el Estatuto departamental parecen tener efecto, y el resultado es una sociedad exitosamente confundida, que insiste en ver señales de arrogancia y desprecio por parte del oficialismo gubernamental, a la vez que es incapaz de percibir los errores y excesos de la dirigencia a la que sigue.
