La bancada parlamentaria de Comunidad Ciudadana (CC) se declaró en estado de emergencia debido al intento de “inhabilitación política” de su líder, Carlos Mesa, a través de un juicio.
“Nos declaramos en estado de emergencia ante este nefasto intento del gobierno de Luis Arce y la servil justicia masista de defenestrar a los líderes de la oposición democrática”, señala parte de un comunicado de la alianza política.
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Querella
El miércoles, CC denunció que el juez de sentencia penal Ernesto Macuchapi rechazó la objeción a la querella presentada por David Moscoso, socio de la empresa Quiborax, contra Mesa.
Esa determinación, de acuerdo con la alianza opositora, “significa dar luz verde” al juicio contra el expresidente Mesa (2003–2005).
Además, inhabilitarlo, junto con el diputado Carlos Alarcón, “y continuar con la infame persecución política y judicial en el país”.
Según Alarcón, el juicio también permitirá expulsarlo de la Asamblea Legislativa.
Denuncia
A finales de enero, David Moscoso, socio de la empresa Non Metallic Minerals S. A., denunció penalmente a Mesa y Alarcón, abogado de aquel en el caso Quiborax.
La denuncia fue por los delitos de injuria, calumnia y difamación.
Mesa ya había acusado a Moscoso de ser uno de los responsables de falsificar documentos con los que el Estado perdió un arbitraje.
Ambos presentaron una objeción a esa querella, pero fue rechazada.
Proceso
En 2004, Carlos Mesa revirtió las concesiones mineras de Quiborax en el salar de Uyuni.
La chilena Non Metallic Minerals acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Bolivia perdió el proceso y en 2018 el Estado pagó $us 42,6 millones de indemnización.
En septiembre de 2021, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado aprobó el juicio de responsabilidades contra Mesa por el caso.
