La tarde de este miércoles se instaló la audiencia en la que la Fiscalía busca ampliar, por sexta vez, la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez. Se la procesa por el caso Golpe de Estado I.
La exmandataria está recluida desde marzo de 2021. Primero fue recluida en la cárcel de Obrajes y luego, trasladada al penal de Miraflores.
La defensa denunció que son 22 meses que Áñez perdió su derecho a la locomoción. Afirma que ahora ingresó a una etapa de “resignación”, aunque de nuevo alegó inocencia sobre los delitos por los que se la acusa.
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La audiencia debía llevarse a cabo a fines de febrero, no obstante, fue reprogramada por fallas en la notificación a los involucrados.
El abogado Luis Guillén afirmó que, al margen de esos errores, persiste la negligencia por parte de la Fiscalía. En su criterio, no avanza en la investigación y se limita a ampliar la detención de Áñez.
Áñez
“Ya son más de 22 meses que la exmandataria está con detención preventiva, algunos de sus exministros y militares, incluso el gobernador Luis Fernando Camacho, y el Ministerio Público no cumple con los actos investigativos”, afirmó.
Dijo que el proceso sigue en etapa investigativa, lo que deja en evidencia “la negligencia del Ministerio Público en las actuaciones investigativas”, insistió.
En 2021, la exdiputada Lidia Patty (MAS) activó el proceso ante la justicia ordinaria y denunció a Áñez por los delitos de terrorismo conspiración, sedición, durante la crisis política y social de 2019.
Fiscalía
Así, el caso fue denominado como Golpe de Estado I, sin embargo, luego de varios meses, los delitos de sedición y conspiración fueron quitados del ordenamiento jurídico.
Sin embargo, la exmandataria continúa siendo procesada por el delito de terrorismo.
La expresidenta transitoria fue aprehendida el 13 de marzo de 2021 en Beni.
Golpe I
Dos días después fue recluida en el penal de Miraflores de La Paz, donde se encuentra actualmente.
Este caso tiene que ver con los hechos de 2019, que derivaron en la dimisión del entonces presidente Evo Morales, durante una crisis social y política.
En ese entonces, se denunció un presunto fraude en las elecciones generales, y Morales tuvo que renunciar ante protestas cívicas, un motín policial y la presión de los militares.
