La defensa legal del gobernador Luis Fernando Camacho presentó en La Paz libros notariados con más de 70.000 firmas. Se trata de personas que se ofrecieron como testigos para declarar por el caso Golpe de Estado I.
Por este caso, Camacho guarda detención preventiva desde fines de 2022, en el penal paceño de Chonchocoro. Fue imputado por el delito de terrorismo.
“Vamos a mostrar la verdad absoluta de lo que sucedió en el año 2019″. «No la historia que está mostrando o que está queriendo implantar el Movimiento al Socialismo”, afirmó Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño.
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La tarde de este viernes, los libros fueron entregados a las autoridades del Ministerio Público.
Este trámite legal es acompañado por la asambleísta cruceña Paola Aguirre (Creemos). La autoridad afirmó que se trata de 70.000 ciudadanos que firmaron de manera voluntaria para “hacer sus declaraciones testificales”.
Camacho
“Hay personas muy cercanas al gobernador cruceño que participaron en el movimiento pacífico posterior al descubrimiento del fraude electoral». «Esas personas lucharon para derrocar a un gobierno dictatorial”, afirmó la legisladora.
Cristofer Balcázar, el otro abogado de Camacho, fue el encargado de entregar la documentación en la Fiscalía de La Paz.
La Paz
“Son ciudadanos de Santa Cruz, incluso del extranjero que se ofrecieron como testigos para contar la verdad de lo sucedido entre octubre y noviembre de 2019”, precisó el jurista.
Este caso tiene relación con los hechos de 2019, que derivaron en la dimisión del entonces presidente Evo Morales, además de las protestas alentadas por cívicos liderados por Camacho.
A esto se suma el motín policial y la “sugerencia” de la cúpula militar para la dimisión presidencial, lo que desembocó en la proclamación de Jeanine Áñez, primero, como presidenta del Senado y luego como presidenta del Estado.
Firmas
En este tiempo también se activó el denominado caso Golpe de Estado II, el cuál sí registró mayores avances, pues en junio de este año la exmandataria transitoria ya fue sentenciada, en primera instancia, a 10 años de cárcel.
