El Observatorio de Justicia y Género cumplió su primer año de servicio de apoyo a la lucha y seguimiento de los casos de violencia. Su trabajo técnico es resultado de un esfuerzo conjunto que tiene el objetivo de promover los derechos humanos.
“El Observatorio de Justicia y Género es una herramienta que permite examinar, conocer y observar a las cifras de delitos de violencia de género, investigaciones y jurisprudencia nacional e internacional; para que las personas que litigan y los defensores de derechos humanos puedan realizar un seguimiento a la temática de género en el sistema de administración de justicia boliviano”, informó el Proyecto Acceso a Justicia para Todos y Reforma del Sistema, según una nota institucional.
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El observatorio es un esfuerzo conjunto y logro del trabajo del Comité de Género del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional; que es la instancia encargada de impulsar la aplicación de la Política de Igualdad de Género del Órgano Judicial. Está conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
OBSERVATORIO
“Este Comité, presidido por la magistrada del Tribunal Constitucional, Karen Gallardo, tiene el objetivo de posicionar institucionalmente el respeto a los derechos humanos en términos de igualdad entre hombres y mujeres; tanto en el accionar judicial, las actividades del Órgano Judicial y en la forma de pensar y actuar de los servidores y servidoras judiciales. Uno de los más importantes logros de este Comité es la creación del Observatorio de Justicia y Género; que este mes de febrero cumplió un año de funcionamiento”.
El observatorio cumple la misión de generar y analizar información recogida por el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional con enfoque de género; con énfasis en la violencia en razón de género, para garantizar el acceso a la justicia sin discriminación.
“El Observatorio es el resultado de un trabajo conjunto de varias agencias del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia y organizaciones de la sociedad civil. Cuenta con el apoyo del proyecto ‘Acceso a Justicia Para Todos y Reforma del Sistema’ financiado por la Unión Europea e implementado por UNODC y AECID”.
