Los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Justicia, Néstor Osuna, han presentado este miércoles ante el Congreso de Colombia el proyecto de ley de sometimiento de grupos armados sin estatus político, dentro de la iniciativa de ‘paz total’ que adelanta el Gobierno del presidente, Gustavo Petro.
«La iniciativa contiene una oferta generosa de parte del Estado para estas estructuras», ha dicho Osuna, quien ha asegurado a estos grupos que obtendrán «un tratamiento penal más benigno» siempre y cuando se rindan, dejen de delinquir, entregan sus bienes e información sobre sus operaciones y reparan a las víctimas.
Asimismo, la iniciativa legislativa está pensado para aquellos grupos armados a los que no se ha otorgado estatus político, como puede el Clan del Golfo, o las estructuras paramilitares. «Es un proyecto de sujeción al la justicia ordinaria», ha recalcado, en sintonía con las aclaraciones anteriores del presidente Petro.
En ese sentido, el ministro del Interior, ha recalcado que el Gobierno no negociará paz alguna con este tipo de estructuras armadas y que por tanto se someterán a los procesos penales correspondientes, si bien podrían beneficiarse si colaboran con las autoridades como sucede ya con otros delincuentes comunes.
«No hay un proceso de paz», ha dicho, sino un procedimiento con una negociación inicial que continúa una segunda fase de carácter penal al mando de la Fiscalía, que terminará con las decisiones de los jueces. «Son los instrumentos para desarmar todas las fuentes de violencia que generan sangre en el territorio», ha dicho.
El texto, que desde la bancada del Gobierno en el Congreso insisten en que no generará impunidad, plantea penas de prisión de entre seis y ocho años para aquellos que se acojan al plan, además de un crea un fondo espacial para reparar a las víctimas financiado con los bienes adquirido ilegalmente por estas personas.
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Quien no podrán acogerse a este mecanismo son los jefes y principales líderes de este tipo de grupos armados, ni aquellos que hubieran participado en delitos graves contra los Derechos Humanos, de lesa humanidad o de genocidio.
El plan del Gobierno prevé un periodo de cuatro años de prueba en el que el grupo armado que desee someterse a este mecanismo deberá dar muestras reales de haber cesado en sus actividades ilegales, participando además en los programas de justicia e integración. Las autoridades se reservan el derecho de suspender el proceso si no existe cumplimiento por la otra parte.
En caso de que obtenga el visto bueno del Congreso, el Gobierno de Petro podrá entonces iniciar conversaciones para desestructurar a cambio de beneficios judiciales a estos grupos, mientras continúan las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la espera de que comience el mismo proceso con las disidencias de las FARC, únicos grupos con carácter político.
