El Gobierno de Ecuador rechaza de «forma categórica» la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
Cincuenta y nueve legisladores en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) presentaron el pedido por supuestos delitos contra la administración pública.
El rechazo lo hizo público a través de un comunicado oficial difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
En el que se considera la acción como un intento de desestabilización.
«Dicha demanda carece totalmente de elementos políticos y jurídicos que permitan sustentar un proceso en contra del primer mandatario”
“Teniendo como único objetivo atentar contra la institucionalidad del Estado ecuatoriano y la democracia misma», señala el texto.
Por tales razones, agrega, «este juicio político no es un acto de fiscalización sino un intento más de desestabilización de los tantos que ha tenido la Asamblea Nacional «.
«Ante estas acciones, el Gobierno del Ecuador continuará enfocado en atender las principales preocupaciones de los ecuatorianos», concluye el comunicado.
La reacción del Gobierno se produjo después de que 59 legisladores de varios partidos y movimientos políticos en la Asamblea Nacional presentaran el jueves una solicitud formal.
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Juicio político
La petición fue entregada en la sede del Poder Legislativo, en Quito, por la asambleísta Viviana Veloz, del Movimiento Unión por la Esperanza (Unes).
Además de Unes, respaldaron el juicio político el Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Pachakutik e Independientes.
La causal del juicio político es por supuestos delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
Todos conocidos como delitos contra la administración pública, previstos en la Constitución ecuatoriana.
El juicio político deriva de investigaciones realizadas al mandatario dentro del caso denominado «Encuentro».
Relacionado con una supuesta trama de corrupción en empresas públicas.
Además, por presuntos vínculos del Gobierno con la mafia albanesa y el narcotráfico.
Para iniciar el juicio político se deberá seguir un trámite que dura un mes y que requerirá un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.
(17/03/2023)
