El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió el debido proceso en el caso del gobernador Luis Fernando Camacho y anunció que éste se reunirá con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que hacen los gobiernos de facto; estamos invitando a la CIDH, en su máxima instancia, a que venga a reunirse, entre otros, con el gobernador Camacho”, remarcó la autoridad.
De forma recurrente, Camacho y el equipo jurídico que lo defiende denunciaron la supuesta vulneración de sus derechos en el penal de Chonchocoro de La Paz, donde cumple detención preventiva por el caso Golpe de Estado I.
A fines de 2022, el gobernador cruceño fue imputado por el delito de terrorismo y luego fue encarcelado en la cárcel paceña.
Caso de Camacho
Incluso, acusaron al Gobierno de actuar de manera “dictatorial”; no descartaron acudir a entidades internacionales para reclamar atención en favor del gobernador Camacho y de otras personas, a quienes denominaron como “presos políticos”.
“Nosotros estamos conscientes de que aquí hay un debido proceso; por eso todos los reclamos que se le hacen a la CIDH no tienen una negativa de Bolivia a hablar del tema”, subrayó el Ministro de Justicia a los medios.
Aseguró que una comisión de ese organismo internacional llegará al país a reunirse con los privados de libertad de todos los recintos carcelarios, y afirmó que el Gobierno brindará la información que se requiera.
“No vamos a ocultar ninguna información; nuestra posición es que en el caso Camacho y en todos los casos en el país se respete el debido proceso. Por eso tenemos apertura amplia a todo el escrutinio internacional”, dijo Lima.
El caso Camacho tuvo diferentes matices; desde la aprehensión de la autoridad en Santa Cruz, el 28 de diciembre de 2022, y la detención preventiva dispuesta por la Justicia, dos días después.
Sus correligionarios y simpatizantes advirtieron, primero, una vulneración de sus derechos. Justificaron eso con el “gran operativo” que se ejecutó al momento de su aprehensión y la “violencia” de los miembros de la Policía.
Pero luego denunciaron una supuesta vulneración de sus derechos políticos en su condición de gobernador; ejerce ese cargo desde Chonchocoro, pese a existir la figura de suplencia por ausencia de la autoridad. Ese cargo, según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, debiera ser asumido por el vicegobernador Mario Aguilera.
Una de las principales exigencias de Camacho y su equipo de defensa fue su derecho a la salud; debido a la enfermedad que padece el otrora líder cívico cruceño.
Pese a que le negaron la internación en un centro de salud externo al penal de Chonchocoro, las autoridades carcelarias instalaron una habitación que cuenta con el equipo “necesario” para la atención de esa enfermedad.
