La delegada defensorial de Potosí, Jackeline Alarcón, cuestionó que el Ministerio de Medio Ambiente no se interese por el cierre de diques de colas en la localidad de Cantumarca, a cuatro kilómetros de la ciudad de Potosí.
Los diques de cola son estructuras diseñadas para controlar o retener sustancias, como agua o lodo que contienen residuos químicos, producto del trabajo minero.
El sábado, la Defensoría del Pueblo, luego de una inspección en el sector, identificó pruebas positivas de presencia de plomo en la sangre de pobladores de dicha localidad. Hay niños, adultos y ancianos afectados.
En entrevista con La Razón Radio, Alarcón informó que se encontró niveles preocupantes de plomo en la sangre de 116 personas, entre ellas 23 niños. El 65% de los niños y el 85% de adultos lleva plomo en su sangre.
Informó que se identificó a una persona adulta mayor con un 21,5% de plomo en su sangre; un niño de dos años, con un 14,4% y; un niño de seis años, con 9,1% por decilitro. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo permitido de plomo en la sangre es un 3,5%.
Aseguró que el Estado, a través de la cartera de Medio Ambiente, debe asumir medidas para evitar riesgos en la salud de los pobladores.
La Defensoría anunció que acudió a realizar el cumplimiento de la sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), respecto a los diques de colas de Lagunapampa I y II.
La institución acompañó como observadora a la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal y la Jefatura de Medio Ambiente de la Alcaldía de Potosí.
Alarcón indicó que los diques de colas que afectan a Cantumarca y sus pobladores debieron ser encapsulados desde la gestión 2017, debido a que los residuos son peligrosos para la salud, una persona puede ingerir ploma a través del viento o del agua. “Estos diques de cola ya cumplieron con su ciclo de vida”.
“Hay una sentencia para que se pueda encapsular los diques de cola para que en épocas de vientos los residuos de plomo no afecten a la población”, añadió.
La delegada afirmó que la Asociación de Ingenios Mineros permitió los trabajos a empresas que dejaron dos diques de cola que contienen residuos contaminantes.
Asimismo, contó que los trabajos debieron comenzar en 2017; sin embargo, el TCP ratificó y amplió el plazo para encapsulamiento y estableció el resarcimiento del daño a la tierra para, posteriormente, hacer una forestación.
“Se tenía que restablecer el lugar y los avances son mínimos”, dijo.
El cierre de los diques de cola deberá realizarse hasta el 28 de junio. No obstante, Alarcón consideró que es “imposible”
“Estamos a dos meses de que se cumpla la sentencia”, lamentó.
Indicó que los que deben hacer cumplir la sentencia son la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación, la Jefatura Municipal de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente.
En caso de no cumplir la sentencia, se podría iniciar un proceso penal por incumplimiento de resoluciones judiciales contra la Asociación de Ingenios Mineros de Potosí. “Lo que nosotros podríamos hacer es derivar el caso al Ministerio Público para que ellos se encarguen”, explicó Alarcón.
A su vez, anunció que desde su despacho pueden iniciar acciones constitucionales contra los responsables. Llamó a las autoridades del Ministerio de Salud para que analice soluciones y la salud de los pobladores no se vea afectada. “Salud tendría la responsabilidad de ver qué pasa con la población y hasta qué punto afecta el proceso de minería”.
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