El juicio oral contra cuatro exautoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, acusados de la paralización de la planta de urea y amoniaco en el trópico de Cochabamba, se postergó hasta el 12 de abril debido a la alta carga laboral del juez.
Están acusados en el caso el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, y otros cinco exaltos cargos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Antonio Terceros, presidente del Colegio de Petroleros de Cochabamba, confirmó la postergación del proceso hasta el próximo mes.
“Hay seis personas implicadas y dos no se han presentado, Zamora y el expresidente de YPFB Herland Soliz. Los otros cuatro acusados estaban presentes. Fue suspendido por un tema de carga laboral del juez”, explicó.
Indicó que otros procesos estaban previamente programados, por lo que este fue diferido hasta el 12 de abril. El juicio se realizará en Ivirgarzama.
El Ministerio de Hidrocarburos anunció en su momento que pedirá ocho años de cárcel para los implicados en los graves daños económicos causados a la planta de Bulo Bulo entre 2019 y 2020.
Zamora y Soliz fueron declarados en rebeldía y se presume que estarían fuera del país. Los otros acusados están con medidas cautelares.
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Daños en la planta
Esas personas están acusadas por la paralización del complejo industrial. Esto generó pérdidas económicas para el Estado debido a la falta de producción y comercialización del fertilizante. También se los responsabiliza de daños a equipos de alto valor como turbinas y calderos.
De acuerdo con Terceros, en este caso se ha ocasionado un daño económico de más de $us 400 millones.
Remarcó que la paralización provocó un daño de 243 millones de dólares. Se suman las pérdidas acumuladas hasta el día de la reactivación de la planta.
La Fiscalía sustentará la acusación formal con 11 pruebas testificales, 73 documentales, requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas.
Además, ofreció una prueba pericial de auditoría forense a desarrollarse por el Instituto de Investigaciones Forenses para cuantificar el total de daño económico generado al Estado.
