La ONU manifestó el viernes su preocupación por reportes sobre el despliegue de mayores esfuerzos por parte de las autoridades en Irán para rastrear y castigar a las mujeres que se niegan a llevar el velo.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también expresó su inquietud por un proyecto de ley sobre «Apoyo a la familia mediante la promoción de la cultura de la castidad y el hiyab», que impondría penas más duras a las mujeres que aparezcan en público sin el hiyab, una prenda que cubre el pelo.
«Lo que hemos visto y lo que estamos oyendo es que, en los últimos meses, las autoridades, ya sean policías en civil o uniforme, están aplicando cada vez más la ley del hiyab», declaró Jeremy Laurence, portavoz de la oficina, en una conferencia de prensa en Ginebra.
«Hay reportes de detenciones generalizadas y acoso a mujeres y niñas, muchas de ellas de entre 15 y 17 años», añadió.
La policía iraní anunció a mediados de abril un refuerzo de los controles sobre el uso del hiyab. Alegando que la ley se incumplía cada vez más.
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Mujeres sin velo
Cientos de negocios, incluidos restaurantes y cafeterías, han sido clausurados por no aplicar la ley. Y se están utilizando cámaras de vigilancia para identificar a las mujeres que no lo llevan, explicó Laurence.
Muchas mujeres empezaron a negarse a llevar el velo a raíz de la muerte en 2022 de Mahsa Amini, de 22 años. Tras su detención por la policía de moralidad iraní, que desencadenó una oleada de protestas, severamente reprimidas, contra el régimen.
Según Laurence, el 21 de abril «el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Teherán anunció la creación de una nueva brigada para hacer cumplir las leyes vigentes sobre el hiyab obligatorio. Añadió que los miembros de la guardia han recibido formación para hacerlo ‘de forma más seria’ en los espacios públicos».
Dato
Aunque no se ha hecho público el texto del nuevo proyecto de ley sobre el hiyab, «una versión anterior estipula que quienes sean declarados culpables de violar el código de vestimenta obligatorio podrían enfrentarse a penas de hasta 10 años de prisión, flagelación y multas», afirmó.
La Oficina de Derechos Humanos también pidió la liberación de un rapero condenado a muerte por apoyar las protestas desencadenadas por la muerte de Amini.
Toomaj Salehi, de 33 años, fue detenido en octubre de 2022 por respaldar públicamente el levantamiento.
«Todas las personas encarceladas por ejercer su libertad de opinión y expresión, incluida la expresión artística, deben liberadas», dijo Laurence.
(26/04/2024)
