Expertos de la ONU criticaron el martes la reanudación por parte de Estados Unidos de la deportación de migrantes a terceros países, como Sudán del Sur, afectado por la guerra, y subrayaron la obligación de garantizar que no se los envía a donde corren peligro.
Los expertos, nombrados por el Consejo de derechos humanos de la ONU, pero que no hablan a su nombre, alertaron sobre las implicaciones de la reciente autorización de Corte Suprema a la administración estadounidense para continuar con las deportaciones de extranjeros a otros países diferentes al suyo.
«La ley internacional es clara en el sentido de que nadie puede ser enviado a cualquier lugar donde hay evidencias de que la persona puede estar en peligro de sufrir tortura, ser desaparecida o privada de la vida», indicaron once expertos de la ONU en un comunicado.
Tras la autorización, un grupo de ocho migrantes deportados por Estados Unidos que estaban desde hace semanas en una base militar en Yibutí llegaron a Sudán del Sur el sábado, anunciaron el ministerio estadounidense de Seguridad interior y un responsable del ministerio de Relaciones exteriores del país africano.
Solo uno de los deportados es de Sudán del Sur.
Entre los ocho migrantes expulsados en mayo de Estados Unidos, figuran un mexicano y dos cubanos. Un funcionario local que pidió el anonimato dijo que llegaron a Juba desde Yibutí, y añadió que fueron transportados por marines estadounidenses. El grupo incluye igualmente a dos birmanos, un vietnamita y un laosiano. Las autoridades estadounidenses afirman que los ocho hombres fueron condenados por
crímenes violentos y no obtuvieron el acuerdo de sus países para recibirlos. «Las garantías diplomáticas ofrecidas por otros países sobre la seguridad de los migrantes trasladados no pueden ser dadas por garantizadas. Estados Unidos debe hacer una evaluación completa, conforme a sus obligaciones», subrayaron.
«Para proteger a las personas de la tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y riesgos para la vida, deben tener la posibilidad de expresar sus objeciones a la expulsión en el marco de un procedimiento legalmente enmarcado», indicaron los expertos.
Piden a Estados Unidos «abstenerse de cualquier nueva expulsión hacia países terceros, garantizar un acceso efectivo a la asistencia jurídica para los que tienen riesgo de ser expulsados, y velar para que los procedimientos sean sometidos a un control judicial independiente».
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