El sector productivo cruceño está en emergencia ante los avasallamientos y alerta que esos grupos avanzan con una estrategia de control territorial en zonas agrícolas, lo que ahonda la inseguridad jurídica y la capacidad de garantizar la seguridad alimentaria.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, calificó como grupos delincuencias a los avasalladores y reveló que en lo que va del año suman 163 nuevos casos de avasallamientos y más de 500 predios tomados en los últimos años.
“El Gobierno es de oídos sordos y cierra los ojos”, denunció el directivo en Unitel y exigió que se garantice el derecho propietario y la seguridad jurídica en el campo.
Al respecto, al asesor de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Asturizaga, dijo que los avasallamientos en Santa Rita y otras zonas no son hechos aislados, sino que se trata de una estrategia de control territorial de tierras productoras.
Según su análisis, los avasalladores apuntan a quitar la tierra a productores y empresarios, luego permitir asentamientos que no son ni originarios ni productivos.
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Avasalladores
Asturizaga también denunció que se utiliza la supuesta ubicación de predios dentro de la reserva forestal Guarayos como pretexto legal para justificar los despojos y aseguró que “esta ambigüedad normativa favorece los intereses detrás de los avasallamientos”.
“Si no hay castigo, esto va a continuar. Ya lograron expandirse sobre 1,4 millones de hectáreas en Santa Cruz sin aumentar la producción”, advirtió Asturizaga.
El jueves, avasalladores irrumpieron en la hacienda Santa Rita, en la provincia Guarayos de Santa Cruz por cuarta vez e hirieron de bala a un trabajador. El viernes, un operativo policial retomó el control en los predios y desalojó a los avasalladores.
Al respecto, la directora de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Elvira Lucia Achu Quispe, informó que el predio Santa Rita se encuentra dentro de la reserva forestal Guarayos y su resolución de saneamiento está impugnada en el Tribunal Agroambiental.
