Luego de que la justicia revocara la detención preventiva del exministro de Justicia Cesar Siles, legisladores de oposición y del ala evista calificaron la determinación como burla y “una invitación a fugarse”.
El senador evista Leonardo Loza afirmó que la determinación judicial es “como si se lo haya absuelto”, al habérsele impuesto una fianza de Bs 50.000.
“Con semejantes audios y consorcio que se ha denunciado, ahora este señor sale con 50.000 bolivianos de fianza. Es una burla ante el pueblo y la comunidad internacional”, criticó el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El sábado se conoció que la justicia revocó la detención preventiva de Siles y dispuso su detención domiciliaria en el marco de la investigación por el caso denominado Consorcio.
El caso Consorcio fue activado por una denuncia que reveló un intento de manipulación judicial con el objetivo de forzar la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira y habilitar en su lugar al suplente, Iván Campero.
La justicia determinó también que Siles debe pagar una fianza de Bs 50.000, cumplir el arraigo y presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público del país.
Loza cuestionó el trato desigual que, según dijo, reciben los dirigentes sociales. “Al que protesta o denuncia lo meten a la cárcel y lo encierran por meses y años, pero a grandes corruptos del Gobierno, como Siles, les dan un privilegio”, lamentó.
Loza también reprochó que se haya revocado la detención domiciliara del dirigente evista Ramiro Cucho, quien debe volver al penal de San Pedro. “Como senador, expreso mi molestia y repudio a esta gran injusticia que vivimos en Bolivia”.
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En esa misma, línea el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes calificó de “vergonzosa” la decisión judicial que otorgar arresto domiciliario sin custodio policial a Siles. “Es una invitación a escaparse antes que Luis Arce”, advirtió.
El legislador señaló que todas estas irregularidades deberán ser investigadas por el próximo gobierno y sancionadas con forme a la ley. “No hay padrinazgo, es por protección política dentro el MAS”, afirmó.
También acusó al presidente Arce de tratar de proteger a ciertos funcionarios en los últimos días de su gestión. “Cuando termine su mandato, va a intentar escapar del país”.
Según la investigación del caso Consorcio, una red integrada por jueces, funcionarios judiciales y abogados había coordinado decisiones jurisdiccionales al margen de la ley para favorecer intereses políticos y personales.
Hasta el momento, hay ocho personas implicadas en el proceso. Siete ya fueron identificadas y cumplen distintas medidas cautelares, mientras una permanece prófuga y tiene orden de aprehensión.
