El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó este martes que la expresidenta Jeanine Añez debe enfrentar un juicio de responsabilidades por el denominado caso EBA, relacionado con presunta contratación irregular de una funcionaria.
La decisión ratifica que el proceso se desarrollará bajo el procedimiento especial previsto para exmandatarios, lo que implica que será necesario contar con la autorización de la Asamblea Legislativa para avanzar hacia un juicio oral.
El magistrado Carlos Ortega explicó que se remitirá toda la documentación del caso a la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia encargada de elaborar la proposición acusatoria. Esta propuesta deberá luego ser enviada a la Asamblea para su consideración.
Caso EBA
“Cumplidos los plazos correspondientes, el Ministerio Público nos hará conocer el informe de inicio de investigación, de manera que la Sala Penal pueda iniciar el control jurisdiccional de la investigación preliminar”, precisó Ortega.
El magistrado añadió que los antecedentes se enviarán de forma inmediata a la Fiscalía General y que, conforme a procedimiento, se aguardará un plazo de 24 horas para verificar si se presenta algún memorial de complementación, enmienda, corrección u otra solicitud procesal antes de formalizar la remisión.
Luis Guillén, abogado defensor de Añez, confirmó que el TSJ dispuso que el caso siga la vía del juicio de privilegio. Según detalló, el legajo procesal será trasladado primero a la Fiscalía General y, posteriormente, a la Asamblea, tal como lo establece la normativa vigente.
Jeanine Áñez
La investigación apunta a un presunto nombramiento ilegal de una familiar como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) durante su gobierno, en 2020.
Dicho proceso fue anulado por un tribunal de Sentencia en La Paz el 4 de abril de este año, y fue remitido al TSJ. Se se ventilaba en la jurisdicción ordinaria,
Antes, la Sala Penal Cuarta ya había determinado que la exmandataria debía ser juzgada mediante un juicio de responsabilidades. Sin embargo, el proceso penal siguió su curso debido a una acción de amparo constitucional.
Proceso
El juicio de responsabilidades es una figura constitucional prevista para procesar a expresidentes y vicepresidentes por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Este mecanismo requiere la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa para autorizar la apertura del juicio. Eso lo que convierte al trámite en un proceso tanto judicial como político.
Actualmente, Áñez cumple una condena de 10 años por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
