El gabinete de ministros aprobó este miércoles un anteproyecto de ley para regular y agilizar los procesos contenciosos y administrativos, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para recuperar deudas e imponer sanciones con mayor eficacia, informó la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
“En la sesión de gabinete se ha aprobado un proyecto de ley respecto a los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, que es una forma también de cobrar las deudas de parte del Estado”, dijo en conferencia de prensa.
Y explicó que con esa norma “se está dando la garantía a las partes dentro del marco de la legalidad, estableciendo plazos, la forma de presentación de pruebas, los recursos que se pueden plantear dentro de estos procesos”.
Según Saravia, el proyecto normativo busca dotar de legalidad a los procedimientos que actualmente se encuentran regulados solo por instructivos, sin rango de ley.
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Procesos
“A la fecha, tenemos un instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero que no tiene rango de ley y para nosotros es importante darle legalidad porque el beneficio lo va a tener tanto el Estado como las partes involucradas”, precisó.
El proyecto también plantea plazos más definidos, mecanismos claros para la presentación de pruebas y recursos, así como mayor seguridad jurídica para los ciudadanos y empresas implicadas en este tipo de litigios.
“Queremos darle la posibilidad a las personas que están siendo procesadas de poder también recurrir en caso de que no estén de acuerdo con un fallo”, remarcó.
Recordó que la actual normativa vigente, en esta materia, data de 2002 y sufrió diversas modificaciones.
Sin embargo, los procedimientos judiciales continúan siendo extensos, especialmente, en juzgados coactivos, donde “tenemos procesos en muchas entidades, inclusive desde 2012”.
La propuesta normativa también busca aliviar las cargas procesales de las instituciones públicas, optimizando tiempos y reduciendo costos.
“Los abogados que ven este tipo de procesos tienen que estar actualizando los datos cada seis meses, lo que significa también un costo. Con la modificación y ajuste de plazos, estos procesos permitirán mayor seguridad jurídica y una conclusión más expedita”, añadió.
El anteproyecto se remitirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.
