El presidente Luis Arce defendió los contratos de litio firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con el consorcio chingo Hong Kong CBC y la empresa rusa Uranium One Group. Alertó que la aprobación y ejecución de los mismos está en riesgo ante el cambio de mando de gobierno previsto para noviembre.
“Estábamos a punto de viabilizar los contratos para industrializar el litio con cerca de 2.000 millones de dólares, pero deliberadamente el evismo y la derecha se aliaron para no aprobar los contratos de litio”, declaró el mandatario en una entrevista con Sputnik.
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Contratos
Arce advirtió que “esos contratos, sin duda, y otros están en riesgo por la aparición de un nuevo Gobierno, que no necesariamente va a comulgar y a estar de acuerdo en la forma en que encaramos nosotros”.
Los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral el 19 de octubre, Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga, ya adelantaron su rechazo a los acuerdos entre YLB y las dos trasnacionales.
El 13 de agosto, Paz señaló que “ese contrato no va a llegar a ninguna parte”, en referencia al acuerdo con Uranium One aprobado en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados. Quiroga, por su parte, anticipó que, en caso de llegar al poder, los convenios serán anulados y que primero corresponde aprobar una ley de evaporíticos.
En su defensa, Arce subrayó que los contratos con CBC y Uranium One no solo apuntan a la producción de carbonato de litio, sino que avanzan hacia la industrialización.
“Hasta la producción de baterías, inclusive. Los contratos hablaban de que Bolivia participaba, inclusive, en la comercialización, en la ganancia de la comercialización”, sostuvo.
Según los acuerdos, Hong Kong CBC se comprometió a construir dos plantas con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) de 10.000 y 25.000 toneladas anuales de capacidad, con una inversión de $us 1.030 millones. A su vez, Uranium One Group ofertó levantar una planta para producir 14.000 toneladas al año en el salar de Uyuni, Potosí, con una inversión superior a $us 970 millones.
Arce recalcó que el objetivo era que Bolivia participara en toda la cadena productiva, desde la extracción hasta la comercialización internacional, un proceso que, en su criterio, hoy se encuentra amenazado por la incertidumbre política.
