La propuesta que realizó una parte del sector transportistas, junto a un consorcio de empresarios privados, de importar combustible a Bs 3,07 el litro para hacer frente a la escasez, no recibió el visto bueno del Gobierno.
El dirigente del transporte pesado Pedro Quispe informó este lunes que las autoridades del sector hidrocarburífero rechazaron formalmente la iniciativa que se analizaba desde la anterior semana.
“Qué pena, el pueblo no se da cuenta. Vamos a seguir sin diésel y sin gasolina. Se van a llevar ese monto de dinero y no lo van a traer el diésel. Esta empresa ya no va, no tiene respaldo ni apoyo”, fustigó en conferencia de prensa.
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Propuesta
Los choferes habían presentado hace un par de semanas la documentación para que el consorcio pueda importar diésel y gasolina inclusive a un precio más económico que el que se comercializa en las estaciones de servicio del país.
Sin embargo, de acuerdo con Quispe, las autoridades “no entendieron” el proyecto, ya que la empresa privada, Pegasus, ponía una garantía y aseguraba la llegada de carburantes a un precio más económico.
En su criterio, esta postura demuestra que existe un sobreprecio en la importación de diésel y gasolina por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), motivo por el que no se rompe el monopolio de la petrolera estatal.
“No quieren soltar la mamadera, la mafia de Yacimientos, que va a seguir trabajando con sus intermediarios robando al pueblo”, protestó.
De acuerdo con el dirigente, YPFB no autorizó la importación del consorcio de privados debido a que firmaron acuerdos con su subsidiaria Botrading hasta noviembre de 2025. Por ello, considera que hasta entonces el abastecimiento de diésel y gasolina será irregular en todo el país.
En un primer momento, YPFB acusó a los dirigentes transportistas y a los representantes legales de la empresa de realizar una propuesta demagógica, poco seria y no tan realista.
Sin embargo, las autoridades se abrieron posteriormente a analizar la viabilidad, ante la insistencia de los transportistas y del consorcio. Por el momento, no hay una postura oficial por parte del Gobierno o de los representantes del sector hidrocarburífero.
