La Defensoría del Pueblo saludó este sábado la composición paritaria alcanzada en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, que ejercerá funciones a partir de noviembre de 2025. Por primera vez en la historia democrática del país, de los 166 asambleístas electos, 87 son mujeres (52,41 %) y 79 hombres (47,59 %), lo que constituye una representación histórica que reafirma el compromiso con el principio de paridad.
En la Cámara de Diputados, 66 de los 130 curules serán ocupadas por mujeres; mientras que, en el Senado, de las 36 senadurías, 21 corresponden a las féminas.
La institución destacó que este avance constituye un paso fundamental hacia el cumplimiento del mandatado constitucional de paridad y alternancia, además de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado boliviano en materia de derechos humanos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
La Defensoría enfatizó que la paridad de género no es un logro coyuntural ni simbólico, sino una obligación jurídica derivada del principio de igualdad sustantiva establecido en la Constitución Política del Estado, que garantiza la participación política en condiciones de igualdad y la alternancia en las listas electorales.
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Asimismo, exhortó a la nueva Asamblea a consolidar estos avances mediante la modificación del artículo 11 de la Ley N° 026 de Régimen Electoral, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0040/2025, incorporando expresamente la paridad en las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales.
La institución recordó que la Recomendación General N° 40 del Comité de la CEDAW obliga a los Estados Parte a garantizar la participación equitativa y transformadora de las mujeres en la vida política.
En ese marco, planteó la necesidad de una hoja de ruta hacia la paridad total, con enfoque interseccional, que incluya medidas legislativas, programáticas y presupuestarias. La Defensoría insistió en que la paridad no debe reducirse a una cifra, sino materializarse en condiciones reales para el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, libres de violencia, estereotipos y barreras institucionales.
