El Gobierno de Perú rechazó este sábado las recientes expresiones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y aclaró que el exmandatario peruano Pedro Castillo (2021-2022) «no es un perseguido político», sino que enfrenta un proceso judicial, tras haber quebrantado el orden constitucional en diciembre de 2022.
«El ciudadano Pedro Castillo no es un perseguido político, como falsamente pretende sostener la señora Sheinbaum». Eso indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en un comunicado.
La cancillería peruana recordó que el 7 de diciembre de 2022, Castillo ejecutó un intento de disolución del Congreso y anunció la instauración de un Gobierno de excepción. Lo que constituyó «un golpe de Estado fallido y el quiebre manifiesto de la institucionalidad democrática», lo que es sancionado conforme a la legislación peruana.
El texto añade que la situación jurídica del exmandatario se encuentra enmarcada en el Estado de derecho. Y con pleno respeto al debido proceso, por lo que presentar su caso como una persecución política es «una afirmación falsa e inaceptable».
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El pronunciamiento se dio en respuesta al mensaje difundido el viernes por Sheinbaum en su cuenta de la red social X, en que manifestó «solidaridad» con Castillo. A quien calificó de «injustamente encarcelado».
Sheinbaum expresó que la situación del exmandatario es un «grave precedente de persecución política y discriminación en la región».
Poco después de reunirse con el abogado de Castillo, Guido Croxatto, la presidenta mexicana pidió la intervención de Naciones Unidas para garantizar «el respeto a los derechos humanos y la justicia» en el caso.
En respuesta, el Gobierno peruano reiteró que el caso de Castillo responde de modo exclusivo a actos ilícitos cometidos en flagrancia. Por lo cual debe enfrentar los procesos judiciales establecidos en la Constitución y las leyes de Perú.
Pedro Castillo se encuentra detenido de manera preventiva desde diciembre de 2022, en el penal de Barbadillo, en la ciudad de Lima. Mientras se desarrolla el juicio oral por presunto intento de golpe de Estado.
