Tras la liberación de Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Virginia Velasco, indicó que no puede haber impunidad en el país por la crisis política y social en 2019.
“Los bolivianos hemos vivido esos momento de dolor, de llanto por la vulneración de los derechos de nuestros hermanos. Incluso la misma alcaldesa de Vinto Patricia Arce ha sido humillada, discriminada, golpeada y además han amenazado con motoqueros”, recordó.
La crisis de 2019 hace referencia a la agitación social y política que vivió Bolivia tras las elecciones presidencial de ese año, el cual se originó por denuncias de fraude electoral.
Los hechos desencadenaron protestas masivas, motines policiales y la renuncia del presidente Evo Morales, generando un periodo de violencia en el país. Durante ese periodo se registraron graves violaciones de derechos humanos, las cuales requieren investigación.
Velasco criticó la actuación de la justicia e indicó que no siempre emite sentencias justas. “En el marco del debido proceso y las garantías constitucionales, debe haber una sentencia contra quienes cometieron delitos” en la crisis política y social de 2019.
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Añadió que “no puede ser que liberen o vulnerar derechos para las víctimas” y pidió una justicia transparente.
El Juzgado de Ejecución en lo Penal de Oruro determinó este jueves la libertad condicional de Molina dentro el proceso por los daños a la Fiscalía General del Estado en 2020.
La medida se enmarca en el proceso con sentencia por los delitos de tenencia, porte o portación ilícita; impedir o estorbar el ejercicio de funciones; y daño calificado cometidos en octubre de 2020 cuando se registraron destrozos en el inmueble de la Fiscalía General del Estado.
Molina ya cumplió cuatro años de la sentencia en la cárcel de San Pedro en Oruro y aún le restaba dos años más. Sin embargo, la Ley 2298 de Ejecución de Penas y Supervisión contempla la libertad condicional cuando se cumplen dos tercios de la pena impuesta, lo que le permitió salir antes de cumplir el total de la condena.
La liberación de Yassir Molina se suma a la del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del exlíder cívico Marco Antonio Pumari, quienes permanecían con detención preventiva en las cárceles de Chonchocoro (La Paz) y Cantumarca (Potosí), respectivamente, dentro del caso Golpe de Estado I.
Este proceso está relacionado con los hechos de violencia que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia en 2019.
