El procurador general del Estado, Ricardo Condori, afirmó este domingo que un eventual juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez en los casos Sacaba y Senkata implicaría un “retroceso” en las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Lo citados casos investigan las masacres de Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019 y Senkata, El Alto, el 19 de ese mes. En ambas trágicas jornadas fallecieron 20 personas, debido a la violenta represión policial y militar.
Lo movilizados protestaban por la renuncia del expresidente Evo Morales, que dejó el cargo el 10 de noviembre de ese año, y exigían el “respeto a la democracia”.
Jeanine Áñez
Abierto en la vía ordinaria, el proceso contra la expresidenta llegó a la fase de presentación testifical de pruebas de descargo, pero un recurso de excepción de reciente obtención, por lo que los tribunales que llevaban los casos se declararon incompetentes para su juzgamiento en esa vía, anularon los obrados y derivaron los casos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“El Tribunal consideró algunos extremos y consideró que el juicio de responsabilidades debería ser para la señora Áñez, eso implica un retroceso en las recomendaciones del GIEI”, dijo Condori en entrevista con Bolivia Tv.
Pero, ¿dónde radica la gravedad de esos casos? Amparados por el Decreto Supremo 4078 —que eximía de responsabilidades a policías y militares por el posible uso excesivo de la fuerza— intervinieron con violencia las movilizaciones, Primero, en Sacaba, donde una decena de manifestantes murieron a bala. Cuatro días después, la misma cantidad de movilizados perdieron la vida en Senkata.
Juicio de responsabilidades
Más adelante, el GIEI calificó de masacres ambas operaciones e hizo al Estado boliviano una serie de recomendaciones, entre ellas, justicia para las víctimas y los familiares de los caídos en las violentas jornadas.
Ahora, se espera que el TSJ defina si el proceso merece o no un juicio de responsabilidades. Luego, deberá ser la Asamblea Legislativa que active el proceso con una aprobación de dos tercios de sus miembros.
“Nosotros, respetuosos de la ley, lo que hicimos es presentar nuestra (…). Si se ratifica, es una evidencia de que el Estado boliviano no estaría cumpliendo las recomendaciones”, complementó el procurador.
