La Asociación Nacional de Mineros Medianos (ANMM) expresó su rechazo categórico a las amenazas y actos de avasallamiento que, según denunció, ya no solo afectan a concesiones y operadores mineros, sino también a instituciones del Estado y autoridades bajo presión indebida.
En un pronunciamiento público, la organización calificó estas acciones como “una grave vulneración al Estado de Derecho, que desconoce derechos legítimamente adquiridos y pone en riesgo la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la paz social del país”.
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Avasallamientos
La ANMM respaldó a las instituciones encargadas de resguardar los derechos mineros y proteger a los servidores públicos, recordando que la defensa de la legalidad “no es negociable” y constituye un principio clave para garantizar inversión, empleo, regalías e impuestos que benefician a miles de familias bolivianas.
En ese marco, el sector demandó a las autoridades nacionales y departamentales actuar con firmeza y prontitud para frenar y sancionar los actos de amedrentamiento, asegurando un clima de paz social y respeto a la norma, condición indispensable para una minería responsable.
Asimismo, la entidad advirtió que se mantendrá firme en la defensa de la minería legal como base estratégica del desarrollo económico y social de Bolivia.
Durante las últimas semanas, sectores mineros denunciaron que son víctimas de avasallamientos, cuando personas externas invaden su propiedad legalmente constituida para aprovecharse de su producción.
Esta actividad también se presenta constantemente en el oriente del país, afectando las actividades del sector agropecuario. En esa zona, según los sectores productores, exigen “mafias” armadas que se dedican al ilícito.
Por ello, cada vez suman más voces que piden que el próximo gobierno tome medidas en favor de la propiedad privada e impedir nuevos casos de avasallamientos que atentan contra la seguridad jurídica y, en algunos casos, contra la vida de los productores.
