Tras la advertencia sobre posibles escenarios de impunidad en las masacres de Senkata y Sacaba, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, resaltó la importancia de garantizar que las víctimas accedan a una justicia pronta, efectiva y sin dilaciones.
“Es importante recordar que es una obligación de todos los órganos del Estado actuar de acuerdo a las obligaciones internacionales de derechos humanos (…) con el propósito de no desamparar a las víctimas de estas graves vulneraciones que se han suscitado con las masacres de Senkate y Sacaba”, indicó la titular del Ministerio de Justicia.
Saravia pidió que se evite la revictimización de los afectados, que los hechos no queden sin ser procesados y que no exista impunidad para los responsables. “Es importante garantizar que estas víctimas tengan justicia”, remarcó.
La declaración de Saravia se da en el marco del reciente pronunciamiento de conjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur, que expresaron su preocupación por la anulación de procesos judiciales contra policías y militares sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los conflictos de 2019.
Saravia informó que le Gobierno expresó su preocupación por las resoluciones emitidas por el Tribunal de Sentencia N 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, decisiones que podrían representar —según los organismos internacionales— un retroceso en el acceso a la justicia y en el cumplimiento de las recomendaciones previamente emitidas por expertos internacionales.
“Saludamos el comunicado de la CIDH y ONU Derechos Humanos en el que advierten sobre el riesgo de impunidad en ambos procesos. Destacamos la importancia del documento, debido a que son instituciones internacionales y que en su momento estaban en Bolivia realizando diferentes visitas y recogiendo testimonios que concluyeron con un informe de recomendaciones en todos los órganos del Estado”, indicó.
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Además, subrayó que el comunicado de la CIDH advierte que la anulación de los procesos judiciales puede representar un obstáculo serio al deber estatal de investigar, sancionar y reparar a las víctimas, así como una nueva forma de revictimización.
“El comunicado señala que estas decisiones judiciales evidencian un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales”, añadió.
Recordó además que los procesos tramitados en estos dos tribunales, son procesos que emergen de un informe con 36 recomendaciones al país, elaborado por expertos internacionales.
“No es suficiente investigar, sancionar a quienes han participado directamente en este tipo de hechos, sino que también se debe investigar, procesar y sancionar a aquellos que han sido planificadores, que han sido organizadores, o que en su caso hubieran generado las órdenes para que se susciten estos tan lamentables hechos”, indicó.
