El procurador general del Estado, Ricardo Condori, expresó su preocupación ante las recientes decisiones de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y del Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por las graves violaciones en la crisis de 2019.
Asimismo, saludó el pronunciamiento oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH) respecto a las decisiones judiciales adoptadas en los casos de las masacres de Senkata y Sacaba.
“Ambas instituciones internacionales ven con mucha preocupación que el Estado boliviano no dé cumplimiento a sus recomendaciones emitidas a través del informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia), cuyas investigaciones concluyeron que es fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz», sostuvo la autoridad.
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La declaración de Condori se da en el marco del reciente pronunciamiento de conjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur, que expresaron su preocupación por la anulación de procesos judiciales contra policías y militares sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los conflictos de 2019.
“El 25 y el 29 de agosto de 2025, los jueces a cargo de los procesos judiciales por los casos de Senkata y Sacaba, respectivamente, ordenaron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia. Al respecto, entidades de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo de Bolivia han expresado preocupación ante el riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna”, expresó el organismo internacional en un comunicado de prensa.
En ese marco, el Procurador subrayó que “el pronunciamiento de la CIDH y ONU Derechos Humanos considera que esta anulación podría representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.
Condori remarcó la recomendación que hace referencia acerca de “la voluntad del Estado boliviano de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad”.
El Procurador reafirmó el compromiso de la Procuraduría de seguir coadyuvando en las acciones legales que correspondan, en el marco de la Constitución Política del Estado y los tratados suscritos por Bolivia, a fin de garantizar la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, en concordancia con las recomendaciones de la CIDH y ONU Derechos Humanos.
