Más de 150 trabajadores exigen a la empresa estatal Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro) el pago de Bs 7 millones por el desmonte de 2.200 hectáreas realizado hace más de tres años en las zonas de Quimome y El Tinto, en Santa Cruz.
Pese a reiteradas reuniones y compromisos, denuncian que la deuda persiste y que la situación económica de sus familias es crítica.
“Somos más de 150 familias que somos afectados. Hemos realizado un desmonte de más de 2.200 hectáreas en Quimome, en El Tinto, donde se ha hecho el famoso confinamiento y hasta la actualidad no nos han cancelado”, protestó en Canal Rural Bladimir Eleuterio, representante de los afectados.
Los trabajadores aseguran que B-Agro incluso emitió facturas por los trabajos sin efectuar el pago, lo que generó una deuda impositiva de más de Bs 3 millones. “Estamos peregrinando desde hace más de tres años y no tenemos respuestas concretas”, lamentó Melisa Rosado, otra de las representantes.
Gobierno
En respuesta, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, bajo cuya tuición se encuentra la estatal, advirtió que el contrato está en proceso de auditoría y descartó ordenar cualquier desembolso mientras no se conozcan los resultados. Según la autoridad, hay indicios de irregularidades en la ejecución de los trabajos.
“No se han cumplido con las exigencias del Estado y ese contrato actualmente está siendo auditado. Yo como ministro no voy a instruir ni voy a pagar un trabajo o un proyecto que se ha hecho mal, que no tiene resultados y que sobre todo no tenga una auditoría concluida”, afirmó Flores.
El titular de Desarrollo Rural agregó que si la auditoría confirma que las labores fueron ejecutadas, el pago se realizará como corresponde. Sin embargo, insistió en que no permitirá que el Estado sea víctima de una “estafa”.
El conflicto, que se arrastra desde hace más de tres años, mantiene en tensión a las familias afectadas, mientras el futuro de la deuda de Bs 7 millones dependerá de los hallazgos de la auditoría en curso.
