El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró este viernes que la inasistencia de los candidatos a los debates electorales no conlleva sanción legal, pero destacó la importancia del compromiso de los actores políticos con la ciudadanía.
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, explicó que actualmente no existe ninguna sanción para los candidatos que no asistan a los debates programados, debido a que la propuesta de ley que planteaba la obligatoriedad quedó estancada en la Asamblea Legislativa.
“No existe en este momento ninguna sanción para quien no asista a un debate porque no se aprobó la ley que propuso el tribunal. Se quedó estancada en la Asamblea. Sin embargo, como Órgano Electoral tenemos la obligación de alguna manera lograr que las candidaturas lleguen al pueblo”, aseguró Hassenteufel.
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En ese marco, el TSE programó los debates presidenciales y vicepresidenciales para la segunda vuelta de las elecciones del 19 de octubre: el primer debate será el 5 de octubre en la ciudad de Santa Cruz para los candidatos a la Vicepresidencia, y el debate presidencial se realizará el 12 de octubre en La Paz.
“Esto en el marco de que puedan las candidaturas llegar a la población con sus propuestas, con sus proyectos, con su modelo de gobierno de país”, añadió.
El presidente del TSE enfatizó que no existe la obligación legal de asistir a los debates ni suscribir acuerdos adicionales, y que la falta de firma no invalida los compromisos previamente asumidos.
El pasado 10 de septiembre, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la alianza Libre firmaron un acuerdo ante el TSE para llevar adelante una campaña sin agresiones ni desinformación. Sin embargo, aunque las autoridades electorales señalaron días después que ese pacto no se estaba cumpliendo a cabalidad.
La convocatoria a debates busca fortalecer la transparencia y permitir que los votantes evalúen directamente las propuestas de cada binomio que competirá en la segunda vuelta electoral. El TSE remarcó que, más allá de las diferencias políticas, el objetivo de los debates es garantizar un proceso democrático en el que la ciudadanía tenga información clara y plural para decidir su voto.
