La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que la denuncia que presentó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar contra el presidente Luis Arce responde a intereses políticos.
Se trata de un pedido del legislador para que el mandatario sea sometido a un juicio de responsabilidades por el caso Botrading.
“No es que, de pronto, se le cayó la venda (de los ojos) a Rolando Cuéllar. No es que de pronto se quiera convertir en el paladín de la lucha contra la corrupción o se quiera convertir en la vara con la que se mide la transparencia, no. No es que sea el nuevo iluminado. Atrás de todo este discurso que él está usando, hay, por supuesto, intereses políticos”, dijo la autoridad en entrevista con DTV.
María Nela Prada
Se trata de una denuncia interpuesta por Cuéllar en Sucre el jueves. Pidió que el jefe de Estado sea investigado por un presunto daño económico de $us 250 millones, tras la firma de contratos de importación de carburantes con una empresa “fantasma” que, según el parlamentario, provocó escasez de diésel y gasolina.
“Estamos enjuiciando al presidente Luis Arce por un concurso de delitos, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y Legitimación de Ganancias Ilícitas”, dijo Cuéllar al presentar el memorial de denuncia de unas 600 hojas.
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Otrora defensor de Arce, Cuéllar volcó su discurso de apoyo a presentar esa denuncia.
“Es lamentable la posición de personas como Rolando Cuéllar: un día están aquí y otro, están por allá”, repudió Prada.
Luis Arce
Y agregó: “Yo nunca he sido llunk’u, por así decirlo. No me gustaba ese tipo de zalameríos; es más, siempre me hace desconfiar cuando hay personas así. Pero ahora vemos que, cuando las cosas están mal, (que) personas como él salen en posiciones como la que están”.
Prada reiteró que ni el presidente Arce ni ella saldrán del país, porque, según dijo, no tienen nada de qué escapar. Afirmó que una vez deje el poder, volverá a Santa Cruz, con su familia.
El caso Botrading destapó una serie de cuestionamientos respecto de la compra de combustibles y los supuestos “acuerdos turbios” entre el Gobierno y los comercializadores.
