La defensa jurídica del exministro de Economía José Luis Parada Rivero presentó un amparo constitucional para que el caso por el financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) sea derivado a juicio de responsabilidades a través de la Asamblea Legislativa.
En contacto con Unitel, el abogado Fernando Rivero confirmó que la audiencia está programada para este martes a las 08.30 en la Sala Constitucional Cuarta. El recurso surge en medio de críticas sobre la legalidad y la competencia del tribunal que actualmente juzga al exministro.
Exministro Parada
“La acción de amparo es un proceso donde no se discuten hechos sino la vulneración de derechos fundamentales que garantizan la Constitución. La protección de los derechos del accionante es apremiante, puesto que desde la presentación de la acción se ha dictado sentencia condenatoria en contra de José Luis Parada, lo cual, hace más urgente la tutela de sus derechos”, declaró el jurista.
El exministro, que fue parte del gabinete de la expresidenta Jeanine Áñez, fue sentenciado recientemente a siete años de cárcel. El Juzgado Quinto de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer odenó la condena.
La misma sentencia recayó en Guillermo Aponte, expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), por la gestión de los recursos equivalentes a $us 324 millones.
Juicio de responsabilidades
La defensa asegura que durante el proceso penal no se respetaron garantías del debido proceso y que el juzgado no era competente para llevar la causa. “El artículo 117 de la Constitución establece que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada en un debido proceso”, explicó Rivero.
El Gobierno denuncia que el financiamiento rápido del FMI nunca pasó por la Asamblea Legislativa, como exige la norma vigente. Sin embargo, la defensa recordó que en 2020 estaban vigentes dos leyes que permitían la contratación de deuda externa. Se trata de la Ley 1267 del Presupuesto General, y la Ley 1293, que autorizaba créditos y donaciones para atender la emergencia sanitaria. En este caso, su gestión coincidió con la llegada y la propagación de la pandemia de COVID-19.
Proceso
La defensa agregó que la verdadera afectación económica ocurrió con la devolución anticipada de esos recursos, que ocasionó un perjuicio estimado en $us 24 millones.
Con este recurso, la defensa busca frenar la ejecución de la condena y advirtió que insistir en un proceso ordinario vulnera competencias judiciales y garantías constitucionales.
