La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reiteró este martes que de acuerdo con la Constitución Política, las autoridades del Órgano Judicial solo pueden ser cambiadas a través del voto directo de la población y que las otras vías que se plantean son “inconstitucionales”.
“Lo que estamos haciendo como Gobierno es defender la Constitución Política Estado y qué dice la Constitución, que solo las autoridades del Órgano Judicial deben ser elegidas por voto directo de nuestro pueblo, así que tenemos este periodo para que con esa tarea responsable pueda la Asamblea Legislativa realizar este trabajo”.
Añadió que las otras vías que se plantean desde la oposición (Comunidad Ciudadana y Creemos) y el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), referidas a los proyectos de ley 073 (suspensión de plazos procesales) y 075, para la cesación de los magistrados prorrogados, son “inconstitucionales” porque se generaría un vacío de poder.
“Imagínense que si en este momento no tenemos funcionando los tribunales constitucionales y la Asamblea emite una ley que es inconstitucional o que en el Ejecutivo tengamos un decreto supremo que esté en la misma situación, a qué instancias (debemos acudir), no podemos generar este vacío (de poder)”.
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Indicó que esta situación de no cumplimiento de los plazos por parte de la Asamblea Legislativa para las elecciones judiciales, genera la necesidad hacer una complementación en la Constitución, porque no se previó este tipo de situaciones para llevar adelante la convocatoria.
“Más adelante habrá que ver esta situación, ver una reforma y ver este tipo de vacíos que se ha generado, pero en tanto cuál es la solución: llevar adelante las elecciones judiciales, esa es la solución del Ejecutivo”.
Agregó que si la Asamblea hubiese tenido la voluntad política, hoy ya se tendría nuevas autoridades judiciales, pero como no ocurrió esto, se tuvo que buscar el acuerdo a través de las tres fuerzas políticas en el Legislativo para que viabilicen la ley que permita la convocatoria para los comicios.
Desde la publicación de la convocatoria, el 17 de febrero, para el proceso de preselección de candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional y demás instancias del Órgano Judicial, se inició el camino para las judiciales.
La Ley 1549, “Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024”, prevé un total de 230 días para elegir a los nuevos magistrados y consejeros. La norma dispone de hasta 80 días para el proceso de preselección de candidatos y de hasta 150 para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice las elecciones.
