El Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU llamó a Bolivia a agilizar la investigación y sanción a los responsables de los hechos de violencia ocurridos en la crisis de 2019-2020 e instó a encarar de forma “urgente” una reforma judicial ante la “preocupante” falta de independencia del Órgano Judicial y de la Fiscalía.
El Comité publicó sus conclusiones sobre las audiencias en el que examinó el estado de situación de la lucha contra la tortura en Bolivia, centrada principalmente en los hechos de violencia que se dieron antes, durante y después de la dimisión del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019, en medio de una crisis política y social.
“El Comité expresó su preocupación por el avance insuficiente en la investigación de las presuntas torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante la crisis sociopolítica de 2019-2020. El Comité hizo un llamado a Bolivia para que investigue sin demora todos estos hechos y procese y castigue a todos los responsables”, establece en sus conclusiones en inglés y que fueron traducidas de forma no oficial.
En la sesión del CAT, el relator Claude Heller aseguró el 29 de noviembre que en la crisis de 2019 en Bolivia se dio acciones de racismo y discriminación, quema de la wiphala en “un acto de venganza e incitación al odio” y financiamiento de los “pititas” a grupos paramilitares que actuaron en “cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”.
Una protesta cívica liderada por el hoy gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dio inicio a la crisis de ese año. Denuncias de fraude electoral, respaldadas por un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que posteriormente fueron puestas en duda, alentaron las protestas violentas, a las que se sumaron un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión a Morales.
La exsenadora Jeanine Áñez tomó el poder, tras una reunión de cívicos y políticos que trazaron la línea de sucesión. Áñez se autoproclamó presidenta el 12 de noviembre y el 15 se dio la masacre de Sacaba y el 19 la de Senkata, en ambos hechos intervinieron fuerzas militares-policiales y dejaron más de una veintena de muertos por impactos de bala.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que investigó lo sucedido entre septiembre y diciembre de 2019 calificó lo de Sacaba y Senkata de masacres.
El CAT expresó su “preocupación” por el estado de situación de la Justicia y de la Fiscalía en Bolivia, que es acusada desde sectores de oposición de estar del lado de los gobiernos de turno.
“El Comité también expresó su profunda preocupación por la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público.
El Comité instó al Estado parte a que llevara a cabo una reforma urgente del sistema judicial para garantizar la profesionalidad y la independencia de todos los jueces y fiscales”, establece el CAT en su traducción no oficial de su informe en conclusiones.
El Gobierno niega injerencia en el Órgano Judicial y encamina una reforma.
En septiembre presentó un plan estratégico de seis ejes que contemplan acciones como distribución uniforme y estratégica de jueces en el país; acceso a la justicia; y “buscar consolidar la independencia judicial a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y el Ministerio Público”.
