Aunque el caso ya había sido denunciado por el entrante Gobierno Municipal en mayo de este año, fue la semana pasada cuando finalmente estalló el escándalo de cientos de ítems fantasma creados en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra durante las gestiones de Percy Fernández y Angélica Sosa. El escándalo se agrava al considerar quiénes podrían estar implicados.
Fue el lunes de la semana pasada cuando la exesposa del ahora principal acusado denunció que el entonces director de Recursos Humanos creó en total 800 ítems fantasma en la burocracia del Gobierno Autónomo Municipal, cobrando él y sus cómplices los salarios mensuales durante años. Al día siguiente, la Alcaldía se sumó a la denuncia aportando numerosos datos que dan cuenta del tamaño de la operación corrupta.
De acuerdo con las primeras investigaciones, la operación de los empleados municipales consistió en registrar en planillas los nombres de los supuestos funcionarios y entregarlas a una cooperativa de ahorro y crédito que administra los recursos de ese gobierno municipal, y eran ellos mismos quienes firmaban a cuenta de los supuestos titulares y recogían el dinero. Hasta ahora son cuatro los investigados, pero ya se anunció que la exalcaldesa ha sido citada a declarar.
Al parecer, el negocio era tan rentable que solo el principal denunciado compró seis viviendas de lujo y 18 automóviles a su nombre. Según el director Jurídico del Gobierno Municipal cruceño, el funcionario corrupto llegó al extremo de comprar, el mismo día, tres inmuebles y, días después, cinco automóviles. Todo ello sin que se activen las alarmas del sistema financiero. Se afirma también que el denunciado tiene cuentas bancarias en el extranjero, así como otros inmuebles.
Apenas hizo pública la denuncia, la exesposa del presunto corrupto recibió amenazas a su vida y la de sus familiares y culpó a la exalcaldesa por estas, pero la exautoridad negó a través de un video ser capaz de tal cosa, y su abogado, Jerjes Justiniano (abogado también del Gobernador de Santa Cruz y exministro de Justicia durante el gobierno de Jeanine Áñez), afirmó que su clienta es la más interesada en que se aclare el caso.
Pero al perecer las ramificaciones del caso no solo llegan al exejecutivo municipal, que seguramente tendrá dificultades para explicar cómo es que no se enteró de una operación que habría costado a las arcas municipales al menos Bs 153 millones: el Fiscal General del Estado decidió enviar a la capital cruceña una comisión de fiscales, pues debe investigarse también por qué el Fiscal Departamental rechazó el caso cuando se presentó en mayo pasado.
Hay, pues, evidencia de una rampante corrupción en la anterior gestión municipal cruceña, y el caso podría implicar a exautoridades; pero lo más preocupante es que el caso solo mereció atención pública porque una persona particular lo denunció y no porque las instancias de control estatal hubiesen hecho algo al respecto.
