Antes de las elecciones de octubre de 2020, el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez solicitó, a través del entonces viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría, “equipos y armamento” a las embajadas Británica y de Estados Unidos, para, presumimos, “reprimir al pueblo boliviano”, reveló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
Según la documentación, la primera nota es del mayo de 2020 y está dirigida al representante diplomático de Washington Bruce Williamson. El documento remitido está incompleto, porque no se encontró en archivos la parte en la que se menciona está “la asignación del equipo, descripción y justificación del mismo”.
En la primera hoja se lee: “Le pido atender el requerimiento que en referencia menciono con la finalidad de defender la integridad del pueblo boliviano y su territorio”.
Bajo similar tenor se remitió en septiembre otra nota oficial, firmada por Santamaría, a la embajada Británica, pero en ella se detalla el siguiente requerimiento: “Pistolas, cartuchos, granadas de gas, uniformes completos, máscaras antigas, visores nocturnos, térmicos, binoculares, cascos, trajes de protección y equipos que considere importantes destinados a la Policía Boliviana con la finalidad de defender la integridad del pueblo, su territorio y seguridad”.
Ríos informó que se está cursando requerimiento a ambas legaciones, para conocer si atendieron los requerimientos planteados en el gobierno de Áñez, a través de Santamaría.
“Esto nos da claros indicios de que todo este armamento y equipos que solicitaban otras instancias iban a ser empleados, presumiblemente, para reprimir al pueblo boliviano, y lo que más llama la atención es que se generan semanas antes a las elecciones de 2020”, sostuvo.
Las elecciones generales fueron en octubre de 2020. En el gobierno de Áñez también se gestionaron y lograron envío de gases lacrimógenos desde Argentina y Ecuador.
Otro aspecto que llamó la atención de Ríos, es que Santamaría haya hecho esas solicitudes cuando no está dentro de sus funciones.
También se hizo una serie de denuncias de irregularidades en la gestión de Santamaría que comprometerían Bs 2,2 millones.
