El maestro rural Pedro Castillo, quien generó esperanzas de reformas cuando llegó al poder en Perú hace cuatro meses, se salvó este martes de un juicio político de destitución en el Congreso.
Tras un áspero debate parlamentario, la moción de vacancia presidencial por «incapacidad moral» impulsada por tres partidos de derecha no consiguió los votos necesarios para sentarlo en el banquillo la próxima semana y eventualmente destituirlo.
La iniciativa fue promovida por los mismos partidos de derecha -el fujimorismo entre ellos- que cuestionaron su victoria en junio alegando fraude, pese a que la elección recibió el aval de observadores de la OEA y la Unión Europea.
El pedido de destitución fue impulsado luego de que Castillo, de 52 años, fuera salpicado por un escándalo de supuesta injerencia del gobierno en los ascensos militares por el que fue además citado a declarar el 14 de diciembre ante la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos.
Una moción similar derivó en las caídas de los mandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020.
Del anonimato al palacio
Castillo salió del anonimato hace cuatro años al liderar una huelga del magisterio. Ahora es el primer presidente de Perú sin lazos con las élites política, económica y cultural.
«No más pobres en un país rico», repitió como mantra durante su campaña el abanderado de Perú Libre, un minoritario partido marxista leninista.
Así conquistó el sentimiento de indignación de millones de peruanos y superó por estrecho margen en el balotaje a la derechista Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
«Por primera vez, nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece a los sectores oprimidos», resaltó entonces con emoción.
Nació en Puña, un pueblo del distrito de Chota, en la región norteña de Cajamarca, donde era maestro de una escuela rural desde hacía 24 años. Es el tercero de nueve hermanos y sus padres son campesinos analfabetos.
Castillo es «el primer presidente pobre del Perú», definió a la AFP el analista político Hugo Otero.
Su esposa es evangélica, pero él católico, y en el patio de su casa hay un cuadro de Jesús rodeado de ovejas con la leyenda en inglés «Jehova is my shepherd» (Jehová es mi pastor).
Acostumbra citar pasajes bíblicos cuando apela a su moral conservadora para justificar su rechazo al aborto, al matrimonio homosexual y a la eutanasia.
Con sombrero blanco de copa alta típico de Cajamarca, recorrió Perú, a veces a caballo, para conseguir votos. De niño debía caminar varios kilómetros para ir a la escuela.
«No somos chavistas»
Durante la campaña electoral, Castillo prometió «cambios, no parches o reformas». Basó su propuesta en una tríada: salud, educación y agricultura, los sectores prioritarios para impulsar el desarrollo nacional.
También prometió convocar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna en reemplazo de la promulgada en 1993 por el presidente Fujimori, que privilegia la economía de libre mercado.
Sus primeras propuestas económicas inquietaron a las multinacionales e inversionistas por sus promesas de nacionalizaciones y un rol más activo del Estado en el mercado, lo que le valió comparaciones con el «socialismo bolivariano» de Venezuela.
Castillo ha intentado calmar las aguas: «No somos chavistas, no somos comunistas, nadie ha venido a desestabilizar a este país, somos trabajadores, somos luchadores, somos emprendedores», declaró ante una multitud el 15 de junio en Lima.
Su ministro de Economía, Pedro Francke, aseguró a la AFP que los cambios que promueven no tienen «nada que ver con la propuesta de Venezuela».
Perú Libre es uno de los pocos partidos peruanos de izquierda que defiende al régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Rondas campesinas
En 2017, durante la huelga magisterial que encabezó y en un intento por deslegitimar la medida, el gobierno vinculó a los líderes del magisterio con el Movadef, brazo político de la derrotada guerrilla maoísta Sendero Luminoso, grupo ilegal considerado «terrorista» en Perú.
«Rechazo categóricamente las denuncias», replicó entonces Castillo, quien había integrado en Cajamarca las «rondas campesinas» armadas que resistían incursiones de Sendero durante el conflicto interno (1980-2000).
