Organizaciones de Derechos Humanos de la sociedad civil de Bolivia plantearon ante el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas la necesidad de contar con una ley contra la tortura.
En ocasión de conmemorar el Día internacional de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, las organizaciones destacaron que el CAT haya recibido su Informe Alternativo en Ginebra, Suiza, el 23 de noviembre.
En el documento se da cuenta que Bolivia tiene una Constitución Política que establece un importante marco de protección frente a la tortura, pero que, actualmente, carece de iniciativas legislativas dirigidas a establecer un tipo penal de tortura que se ajuste al artículo 1 de la Convención contra la Tortura que menciona:
“Se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
En el Informe Alternativo de la Coalición ante el CAT, del 23 de noviembre, se informó también que existe en Bolivia una ausencia de garantías procesales, detenciones arbitrarias e ilegales. “La persona detenida no cuenta con la garantía de acceso a un abogado, menos de defensa pública formado en Derechos Humanos”.
Asimismo, se alertó que el ciudadano boliviano está expuesto a situaciones de incomunicación al momento de la detención y es privado de su libertad “en celdas infrahumanas”. Además, que parte del “sistema represivo” son las detenciones preventivas de forma desmedida, que llegan a 65,41%, en tanto que el hacinamiento en las cárceles es de 264%.
“La justicia boliviana no documenta, investiga y procesa cuando una víctima presenta denuncias de tortura. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), subordinado al Ministerio Público, no cumple con sus funciones. Bolivia ha ratificado la Convención, pero las víctimas de tortura nunca se han beneficiado de medidas de reparación por parte del Estado”, señala el informe de la Coalición presentada al CAT.
Para la representación y presentación de su Informe Alternativo ante el CAT, en Ginebra, la Coalición delegó a Emma Bolshia Bravo y André Gautier, miembros del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) de Bolivia.
El informe se elaboró luego de una evaluación al cumplimiento de las recomendaciones del CAT para Bolivia, luego del anterior examen realizado en febrero de 2019, cuando el Estado presentó su informe periódico.
