A diferencia de su actuación en las protestas de noviembre contra la Ley 1386, el Comité pro Santa Cruz descartó este martes participar en una marcha convocada por plataformas opositoras al Gobierno, bajo el alegato de que respeta las restricciones para controlar los contagios del coronavirus en la cuarta ola de la pandemia.
En su comunicado, la entidad señala que “expresa su posición respecto a la marcha convocada por las plataformas en la lucha de la libertad, la justicia y la democracia convocada para este martes”, y añade, “respetuosos de la norma y de las determinaciones emitidas por los Comités de Emergencias Sanitarias, conscientes de que, en los últimos días, se han incrementado los contagios de COVID-19 de forma alarmante, nos adherimos en su cumplimiento a la Resolución Municipal 0013/2021 del COEM que en sus puntos sobresalientes limita el aforo al 30% y no se hace distinción entre espacios abiertos y cerrados, así como la prohibición de aglomeraciones”.
Y concluye: “En tal sentido no participaremos de la marcha, sin embargo, somos respetuosos del derecho que tienen los ciudadanos a expresarse libremente”.
Un discurso diferente a lo ocurrido en noviembre, cuando los cívicos de Santa Cruz se plegaron a las protestas de gremiales y transportistas contra la Ley 1386, contra la legitimación de ganancias ilícitas. El Gobierno acusó a las movilizaciones de entonces por el incremento de los infectados en Santa Cruz, que es ahora el departamento más castigado por la nueva ola del COVID-19.
Asimismo, hace una semana Calvo también rechazó la determinación en Potosí de otros comités cívicos para que Santa Cruz sea el escenario de un cabildo nacional para exigir la liberación del excívico Marco Antonio Pumari y denunciar la “persecución” de dirigentes cívicos. El cruceño fue retirado de su trabajo en la Caja Petrolera y tiene otros procesos abiertos tras la movilización de noviembre.
