Un grupo de manifestantes irrumpió este miércoles por la fuerza en el palacio presidencial de México para exigir justicia por la desaparición de 43 estudiantes en 2014, en momentos en que el mandatario Andrés Manuel López Obrador ofrecía una rueda de prensa.
Encapuchados, derribaron una puerta del palacio con la parte trasera de una camioneta de uso oficial, tras lo cual ingresaron hasta el mostrador donde se registran los visitantes, según imágenes televisivas.
Allí los repelieron con gases irritantes por militares a cargo de la seguridad del Palacio Nacional, en el centro de Ciudad de México, comentó a la AFP un camarógrafo presente en el lugar.
El fugaz asalto ocurrió mientras el mandatario izquierdista ofrecía su habitual conferencia matutina y, paradójicamente, hablaba del caso Ayotzinapa. «Es un plan de provocación», dijo cuando una reportera le informó de lo que ocurría en el exterior.
Llegaron «a la entrada nada más. No entraron» al palacio, señaló a la AFP Jesús Ramírez, portavoz presidencial. También rompieron cinco ventanas a pedradas y dejaron pintadas, en una de las cuales se leía «solo queremos un diálogo», constató la AFP.
Manifestantes
Los manifestantes incursionaron después de un plantón de diez días frente al palacio para exigir un diálogo con el presidente, sin que los atendieran, denunció Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los desaparecidos.
Había estudiantes, activistas y familiares de algunos de los 43 jóvenes que desaparecieron en Iguala (estado de Guerrero, sur) tras apoderarse de unos autobuses para viajar a una protesta en la capital mexicana en setiembre de 2014.
Este caso es considerado una de las peores violaciones de derechos humanos cometidas en México, que acumula unos 450.000 asesinatos y más de 100.000 desaparecidos desde 2006, atribuidos en su mayoría al crimen organizado.
López Obrador aseguró que está dispuesto a reunirse con los padres. Pero reiteró que abogados y asesores de los familiares lo impiden porque están usando la tragedia con fines políticos y para lucrarse; y entorpecen las investigaciones.
«La pelota está en cancha» del gobierno, afirmó a su vez el abogado Vidulfo Rosales tras entregar un oficio en la secretaría de Gobernación (Interior) solicitando diálogo.
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«No somos represores»
Alumnos de la escuela de formación de profesores de Ayotizanapa venían protestando en Guerrero y Ciudad de México; donde instalaron un campamento frente al palacio, donde vive el presidente. Los inconformes empezaron a retirarse con sus enseres.
Las familias y sus apoderados reclaman documentos oficiales que a su juicio arrojarían luz sobre el caso. Pero el gobierno niega que oculte información y destaca el arresto de militares y funcionarios presuntamente implicados.
«Quisieran que respondiéramos de manera violenta, no lo vamos a hacer, no somos represores. (…). Se va a arreglar la puerta y no hay problema», afirmó sereno el mandatario antes de concluir su conferencia a la hora habitual.
López Obrador ha multiplicado sus denuncias sobre provocaciones a medida que se acercan las elecciones presidenciales del 2 de junio, en las que su candidata, Claudia Sheinbaum, es favorita.
«Irrumpiremos en cada acto, en cada acción electorera», advirtió Rosales.
Miguel Hernández, limpiabotas de 52 años que trabaja desde hace dos décadas junto al palacio, relató a la AFP que los encapuchados intentaron derribar la puerta con vallas metálicas. Al no lograrlo usaron el vehículo.
«Un grupo de unos 15 jóvenes intentaron ingresar; pero no llegaron a cruzar» los detectores de metales, pues «una línea de militares ya estaba apostada» para impedírselo, detalló.
Las puertas del palacio, cuya construcción inició en 1522 durante la colonia española y alberga murales del renombrado Diego Rivera, fueron blanco de manifestantes en otras protestas; pero esta es la primera vez en años recientes que logran derribar una.
Caso sin resolver
Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Solo han sido identificados restos de tres de ellos.
La pesquisa del anterior gobierno (2012-2018), conocida como «verdad histórica», apuntaba a que fueron detenidos por policías municipales en colusión con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos; los confundieron con enemigos.
Tras asesinarlos los incineraron y arrojaron las cenizas a un río, según esa versión, rechazada por las familias y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigaron el caso.
Una vez asumió el poder en 2018, López Obrador creó la Comisión para la Verdad (COVAJ) a fin de realizar una nueva pesquisa.
En ese marco, la fiscalía ha ordenado el arresto de 132 personas; incluidos 14 militares y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, responsable de la «verdad histórica».
La COVAJ aseguró en octubre pasado que el Ejército estuvo al tanto del secuestro y la desaparición, y reiteró que fue un «crimen de Estado».
