La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció este lunes que la niña violada y embarazada, que se encuentra en un centro de acogida de la Iglesia Católica en Santa Cruz, no cuenta con la asistencia médica especializada que requiere su caso, y que solamente está bajo la vigilancia intermitente de servicios de enfermería.
“Hemos verificado que ella se encuentra en una especie de instituto para formar madres adolescentes y que no cuenta con servicios de salud especializada. El hospital Percy Boland, que tiene todas las condiciones para atender a la menor, no lo hizo y de forma negligente hizo la derivación a un centro de primer nivel que no cuenta con las especialidades para este caso”, manifestó Cruz, en conferencia de prensa.
Ante la falta de atención médica adecuada, Cruz sostuvo que, en este momento, se mantiene en riesgo la vida de la menor.
Agregó que corresponde que la Alcaldía de Yapacaní destituya a los funcionarios de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia por incumplir con su rol de protección de la niña y resguardo de sus derechos.
“Hemos intentado nuevamente que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Yapacaní reencamine el procedimiento de la interrupción legal del embarazo (ILE), lastimosamente ha hecho caso omiso, no vemos voluntad de estos servidores públicos”.
Respecto a lo expresado por la madre de la niña esta jornada, de que en ningún momento estuvo de acuerdo con la interrupción del embarazo y que, una vez nazca el bebé, se definirá si se lo da en adopción o se queda con la familia, Cruz subrayó que ella no está protegiendo a la niña ni está expresando una situación de empatía ante su hija.
“Es evidente que la madre de la menor no está con las facultades o voluntad para generar alguna medida que la vaya a proteger, por tanto hubiese sido importante que lo haga la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, ante esta ausencia corresponderá que sea una Sala Constitucional o la Comisión Interamericana”.
La Defensoría del Pueblo presentó tres demandas para lograr la interrupción del embarazo de la niña que sufrió violación. La primera demanda tiene el objetivo que la justicia ordene a la Defensoría de la Niñez que interrumpa el embarazo; la segunda, se solicita medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano.
La tercera, es una denuncia penal contra el personal médico del hospital Percy Boland, funcionarios de la Defensoría de la Niñez, contra el Arzobispado de Santa Cruz y contra la madre de la niña, entre otros, por los delitos de incumplimiento de deberes, trata de personas y desobediencia a resoluciones constitucionales y trata de personas con fines de embarazo forzado, con fines de guarda o adopción.
Cruz indicó que en estos casos existe voluntad para realizar trámites diligentes y que la Defensoría del Pueblo hace el debido seguimiento, ya que “cada día que pasa es tiempo en que se agrava la situación de la menor”.
