Un «tribunal popular» sin poderes legales abrió el martes en La Haya para buscar justicia para los periodistas asesinados y defender la libertad de prensa.
Las audiencias de seis meses, creadas por una coalición de organizaciones de defensa de la libertad de prensa, se centrarán en los casos no resueltos de tres periodistas asesinados en México, Sri Lanka y Siria.
Aunque no tiene poderes legales para condenar a los responsables, el tribunal pretende sensibilizar, presionar a los gobiernos y reunir pruebas a través de lo que llama «justicia de base».
Hatice Cengiz, que iba a casarse con el periodista disidente saudí Jamal Khashoggi antes de que fuera asesinado en 2018 dentro del consulado de Arabia Saudí en Estambul, dijo que estaba testificando en el tribunal para que el mundo no olvidara a su prometido asesinado.
«En el pasado se atacaba a los periodistas, pero ahora son el gobierno y los dirigentes de los gobiernos que los atacan. Así que es un punto muy, muy importante», dijo Cengiz.
La filipina Maria Ressa, premio Nobel de la Paz, y el hijo de la periodista maltesa asesinada Daphne Caruana Galizia son algunos de los que testificarán ante el tribunal en una antigua iglesia del siglo XVII en La Haya.
El tribunal fue organizado por Free Press Unlimited (FPU), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras y se inicia precisamente en el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas.
Examinará el asesinato en 2009 del director de periódico Lasantha Wickrematunge, durante el conflicto separatista tamil en Sri Lanka, el asesinato en 2011 del periodista mexicano Miguel Ángel López Velasco junto con su esposa e hijo, y el de Nabil Al-Sharbaji, que murió en un centro de detención sirio en 2015.
Más de 1.400 periodistas han sido asesinados en el mundo desde 1992 y en ocho de cada diez casos los asesinos han quedado libres, según el CPJ.
El tribunal pretende demostrar que es posible encontrar nuevas pruebas en los asesinatos de periodistas, incluso cuando los Estados no pueden o no quieren, dijo el director de la FPU, Leon Willems.
«Cuando matamos a un periodista, cuando dejamos que pase eso, matamos historias. Matamos historias que son importantes, que exponen irregularidades», dijo.
