La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, con base a una investigación de su personal jurídico y administrativo, denunció este miércoles que entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, en el gobierno de Jeanine Áñez, se registró un daño económico de Bs 8.965.988 a los medios estatales.
La autoridad detalló que en el caso de Bolivia TV se produjo un daño económico de Bs 5.721.169; en la radio Patria Nueva, Bs 962.500; y en las Radios de los Pueblos Originarios (RPOs), Bs 2.282.319.
Según la viceministra, todo este daño se ocasionó por la suspensión forzada de la emisión, el atentado contra las repetidoras de televisión y equipos de radio, manejo discrecional del personal, además del ataque, desmantelamiento y desinstalación de algunas emisoras.
“Contrataciones irregulares”
Alcón explicó que en 2020 se contrataron en Bolivia TV 242 personas con un monto de más de Bs 10 millones y observó en varios casos hubo incumplimiento de requisitos y gestión ineficiente y discrecional en el manejo de recursos humanos.
Asimismo, según la viceministra, no se registró asistencia de los consultores durante todo el mes de enero de 2020, se detectaron ocho casos de consultorías irregulares, cinco designaciones de ítems también de manera irregular, entre otros aspectos cuestionados.
Citó como ejemplos de “contrataciones discrecionales e irregulares” cuatro casos de personajes reconocidos en el país (Humberto Vacaflor, Pablo Llanos, Diego Ayo y Edwar Ayma).
Indicó que en el caso de Vacaflor fue contratado para realizar análisis político en Bolivia TV, pero también fue contratado en el periódico Bolivia como columnista aunque “en realidad ejercía de editorialista del medio”.
En este caso, aseguró que no se determinaron requisitos claros y medibles, la propuesta del proveedor del servicio no respondía a las especificaciones técnicas y no adjuntó documentación de respaldo, además su servicio se pagó utilizando una partida de gasto no aplicable. (En BTV se le pagó Bs 28.092 y en periódico Bolivia, Bs 82.872).
Mientras, Llanos, que fue contratado por el exgerente de BTV Andrés Rojas, estuvo como un “consultor individual de línea” y, de acuerdo a la autoridad gubernamental, no presentó su título en provisión nacional en Comunicación Social, tampoco contaba con experiencia específica de cuatro años en instituciones públicas y “se evidenció que no registró asistencia laboral en 47 días, además tiene denuncias de maltrato y acoso laboral”. (El monto que se le pagó asciende a Bs 107.697)
En el caso de Ayo su contrato también fue firmado por Rojas e igualmente estaba como “consultor individual de línea” con la función de “productor 10”.
Sin embargo, no contaba “con experiencia específica de dos años realizando producción, no presentó documentación para la formalización del contrato y se evidenció que no registró asistencia en 110 días”, señaló. (Se le pagó Bs. 78.185)
Finalmente, a Ayma, en la gestión del exgerente Gonzalo Rivera, se le asignó un ítem como jefe regional de BTV en Cochabamba y se le pagó un monto total de Bs 143.341.
Pero “no presentó libreta de servicio militar, no presentó certificado de idioma nativo, no presentó registro judicial de antecedentes penales y no presentó título en provisión nacional”, enfatizó.
La viceministra aseguró que en todos estos casos se ha convocado a los ahora exfuncionarios involucrados para que puedan presentar su documentación de respaldo. No obstante, “no lo han hecho y lo volvemos a hacer la invitación para que presenten documentación de respaldo”, apuntó.
